José Consuegra y Jorge H. Peláez (foto) terminan otro periodo como consejeros del CESU, que abre nueva convocatoria. ¿Se re-elegirán nuevamente o deberían otros asumir esta responsabilidad?
José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar, es el rector que mayor duración ha tenido en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. Ocupa ese cargo, con sucesivas re-elecciones desde hace más de 14 años. Es, actualmente, el miembro del CESU más veterano en el cargo, y quien más ministras y viceministros ha lidiado desde allí. En términos políticos, tiene asegurados los votos de la mayoría de universidades de la Costa Atlántica.
Por su parte, el padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, pasó de la presidencia de Ascun, hace cuatro años, a también representar a las universidades privadas en el CESU. Lleva dos periodos consecutivos en el Consejo. Sus votos son, especialmente, de las universidades privadas del centro del país.
El valor estratégico de la representación
Se supone que el rector que sea elegido representante de los demás ante el CESU debe rendir cuentas ante estos, pero en la práctica esta situación no se da. A veces informan con un correo o en el Consejo Directivo de ASCUN, pero esto no es suficiente.
En teoría son 53 votos por disputarse, pero en la práctica muchos no eligen. Hay un buen número de universidades privadas cuyos rectores se abstienen de participar en el proceso. ¿O no le creen a los candidatos, o no les interesa participar, o no le creen al sistema, o están cómodos con un bajo perfil?.
Más allá de los posibles compromisos que los aspirantes puedan prometer a sus electores, cada rector elegido es libre de votar en las sesiones del CESU según su parecer, y sería muy extraño conocer una posición de gremio (universidades privadas) para justificar o cuestionar una política pública que analice el Consejo.
En cambio, ser consejero tiene la ventaja de favorecer el roce sectorial, que tanto falta a la mayoría de rectores, con la ministra Angulo, el viceministro Gómez, la directora de Calidad, y los demás funcionarios del gobierno para el sector: Planeación, Icetex, Minciencias, Icfes, CNA, Conaces…
Así, la posibilidad de interactuar en las sesiones de trabajo con otros rectores y estos funcionarios, permiten obtener algunos beneficios más para la propia universidad del rector consejero que para el sector representado: Preguntar – presionar sutilmente por el trámite de un proceso de registro o acreditación, mover las fichas para sugerir representantes en otras instancias, incidir en la elección de consejeros del CNA, aprobar o no y sancionar o no IES, integrar o no determinadas subcomisiones para analizar ciertos temas (sobre los que a veces hay conflicto de interés) y negociar votos con otros consejeros a cambio de respaldo por ciertas iniciativas.
En el país hay 54 universidades privadas (bueno, 53 porque la Universidad Cooperativa de Colombia aunque en la práctica es una IES privada, para la ley es la única de economía solidaria y, como tal, tiene asegurado permanentemente su puesto en el CESU, por lo menos mientras se mantiene vigente el artículo 35 de la Ley 30 de 1992), y éstas tienen “derecho” a contar con dos rectores representantes en el Consejo Nacional de Educación Superior.
No obstante el número de 53 universidades privadas, son muy pocas las que en los últimos años han ocupado esta representación.
Y en la práctica, ni con los consejeros de las universidades privadas ni con el resto de los consejeros, en la gran mayoría de casos y votaciones del CESU no se han dado posiciones técnicamente argumentadas y políticamente consolidadas diferentes a las que sugiera la ministra o el viceministro de turno. Generalmente son los representantes consejeros de estudiantes y profesores los que, por la idiosincrasia de su estamento, más cuestionan, pero en la práctica estos terminan plegándose al deseo del Gobierno y el rector de la universidad de la que provienen (viáticos, cargos en el sector, visibilidad mediática y hasta esquemas de segudidad, en algunos casos, se vuelven muy atractivos).
¿Tiene peso el CESU?
Según la Ley, son responsabilidades del CESU, proponer al Gobierno Nacional:
a) Políticas y planes para la marcha de la Educación Superior.
b) La reglamentación y procedimientos para:
1. Organizar el Sistema de Acreditación.
2. Organizar el Sistema Nacional de Información.
3. Organizar los exámenes de estado.
4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos.
5. La creación de las instituciones de Educación Superior.
d) Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de Educación Superior y de sus programas.
e) Su propio reglamento de funcionamiento.
f) Las funciones que considere pertinentes en desarrollo de la presente Ley.
¿Ha cumplido el CESU con sus responsabilidades? La respuesta puede ir de blanco a negro, con cientos de matices, pero claramente los hechos muestran que en la práctica la educación superior colombiana sí necesita un CESU con más peso, y con capacidad crítica de cuestionar al establecimiento y potenciar políticas públicas que realmente sean producto de una argumentación y consenso, pues el Ministerio está para gestionar políticas, pero no necesariamente para dictarlas.
La re-elección o no de los consejeros habla de la habilidad de estos para moverse en el sistema, pero también de la posible inmovilidad del resto de universidades de hacerse valer o demandar un CESU que convenza realmente de sus decisiones, de sus intereses y del por qué aprueba decisiones como las últimamente impulsadas.
Y también vale decir que la Ley 30 no prohibe que los rectores de universidades privadas que lleguen al CESU sean de regiones distintas a la Atlántica y el centro del país; que las universidades no acreditadas también puedan participar; que las universidades que no están en ASCUN también puedan aspirar a entrar, y que en aras de oxigenar la democracia académica y dar más participación a otros, el Consejo debería limitar el número de re-elecciones de sus consejeros.
Un detalle de enorme peso y mucha subvaloración por parte del sistema
Paradójicamente, hay un consejero por cada 26,5 universidades privadas, pero las 104 instituciones universitarias privadas no tienen ningún consejero, y aunque el Ministerio o el CESU digan que así está definido en la Ley, el Consejo tiene autonomía para invitar a estos y escucharlos en sus sesiones permanentes, mientras se modifica la Ley que debería tener más cambios.
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La convocatoria publicada por Mineducación, cierra el próximo 15 de julio
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana