Este texto es un resumen del documento presentado por la ENS en el reciente informe: “La paz confinada: situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia 2020”
Por Viviana Colorado López, Ana María Amado Correa y Luisa Parra Rodríguez
Durante el último año, la crisis mundial desatada por la pandemia generó una tragedia social, política, económica, humana y sanitaria que también impactó la agenda y la situación de derechos humanos. Para el caso colombiano hemos visto cómo se han profundizado algunos problemas estructurales, entre ellos la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la precarización laboral, la discriminación, la violencia y el autoritarismo; tal como quedó plasmado en el informe “El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia.Balance del segundo año de gobierno de Iván Duque Márquez”, presentado por más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales.
En medio de este contexto, la violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la consolidación de la paz, el ejercicio de las libertades sindicales, la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas. Este tipo de violencia sistemática y selectiva persiste, tal como lo dejan ver algunos indicadores de Sinderh, (la base de datos de la ENS), pese a la existencia de recomendaciones internacionales al Estado colombiano y a la implementación de medidas por parte de la institucionalidad, las cuales, desde el año 2011, trazaron como meta la eliminación de la violencia antisindical, la superación de la impunidad y el fortalecimiento del programa de protección a sindicalistas. Entre tales medidas se encuentran las contempladas en: i) la Misión de Alto Nivel de la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2011); ii) los compromisos ratificados por parte del Gobierno en el Plan de Acción Laboral (PAL) (Obama-Santos, 2011); iii) el informe del PNUD “Reconstruir el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados, 1984-2011” (PNUD, 2011); iv) la Resolución 2628 del 13 de junio de 2012, “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” (Parlamento Europeo, 2012); y v) las recomendaciones del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (OCDE, 2016), entre otras.
Al respecto, se puede afirmar que, pasada una década en la cual se identifican esfuerzos en la puesta en marcha de algunas acciones, y, aunque se identifica una tendencia decreciente en la violencia antisindical en comparación con periodos anteriores, los avances e impactos de tales medidas son parciales, pues no se han logrado transformar los problemas de fondo relacionadas con la persistencia de la violencia antisindical, la ausencia de garantías, el acceso a la justicia por parte de las víctimas y la reparación colectiva e integral al movimiento sindical más perseguido en el mundo.
Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y Somos Defensores, entre el 1 de enero y el 3 de noviembre de 2020 fueron asesinados 251 líderes y lideresas sociales. Incluso, la pasiva reacción del gobierno colombiano ante lo altos índices de victimización contra personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos ha encendido alertas internacionales, por ejemplo, en marzo de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena por el asesinato de líderes sociales (CIDH, 2020) y, por su parte, Michel Forst, relator especial de la ONU, calificó este tipo de violencia como crímenes políticos. A su vez, la ONG Human Rights Watch publicó, en febrero del 2021, el informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia” En medio de este contexto adverso, la violencia antisindical sigue al día, y peor aún, es hoy un obstáculo para que los sindicatos ejerzan la libertad sindical y la defensa de derechos. Así fue ratificado en el informe de Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional , para el año 2020, en el cual Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. Dice el informe:
Colombia sigue siendo uno de los peores países en cuanto a la violación de los derechos sindicales, con un tremendo historial de impunidad frente a los asesinatos de sindicalistas. Entre enero de 2019 y marzo de 2020 fueron asesinados 14 líderes sindicales. Se registraron asimismo cuatro intentos de homicidio, un caso de desaparición forzosa y 198 casos de amenazas de muerte. La mayoría de los casos no han sido resueltos y el Gobierno sigue sin combatir eficazmente la cultura de impunidad presente en el país, mientras que el sistema judicial continúa siendo deficiente y carece de los recursos necesarios. Los sectores más afectados por esta violencia y total menosprecio de la vida humana son la educación, el transporte, la minería y el sector energético.
Cabe mencionar que, mientras se agrava la situación de derechos humanos, la respuesta y el deber del Estado frente a protección y garantías sigue siendo insuficiente y no logra responder a los problemas estructurales y situaciones de riesgo que enfrentan hoy personas que ejercen el liderazgo social y la defensa de derechos, entre ellas sindicalistas. Asimismo, un riesgo adicional en el marco de la pandemia ha sido la marginación del debate público y las agendas relacionadas con la defensa de derechos humanos, las libertades y la democracia, la exigibilidad en la implementación de los acuerdos de paz, y la lucha por la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Fuente: Escuela Nacional Sindical.