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Aunque todos los senadores de la Comisión Primera le dicen que sí a la ley, observaciones de fondo y de forma podrían hacerla naufragar.

No saber cuánto cuesta, una daga en contra

Muchos advirtieron a Mineducación que la ley estatutaria peca por no cuantificar cuánto valdría su implementación, y aún así el gobierno ha insistido en su proyecto. Logró pasarlo en Cámara de Representantes, bajo el argumento de que tendría un impacto progresivo, pero el escenario en el Senado es complicado. Allí consideran que el Congreso no puede arriesgarse a aprobar una ley que sufra el mismo destino del Ministerio de la Igualdad, que tendrá que acabarse por haber sido aprobado sin un análisis de su impacto fiscal. 

La senadora Paloma Valencia, quien fue la que impugnó la aprobación del Ministerio de la Igualdad por ese aspecto, aplica la misma fórmula para la Ley Estatutaria en Educación.

Si bien el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo en el Congreso que no tenían reparo fiscal al proyecto, por no tener impacto tributario, los senadores consideraron que dicho argumento carecía de peso, pues es innegable el alto costo que demanda la ley, y citaron los cálculos del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, que señala que solamente para atender la cobertura de una población entre 0 a 21 años, en el año de 2025, sin incluir dotaciones, mejoras, calidad y enfoques diferenciales, entre otros, se estima que se requerirían ! 41 billones de pesos !.

Para el Ministerio de Hacienda, no se puede dar un “aval o medición de impacto fiscal”, por cuanto no se cuenta con información suficiente para determinar el impacto fiscal de la iniciativa.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, ha indicado que no es claro entonces de dónde saldrán los recursos para garantizar el derecho fundamental de la educación en todos los niveles. Que el concepto del Ministerio es enfático en afirmar que la redacción del proyecto debe reconocer la difícil situación de ingresos del sistema general de participación. Y se pregunta, entonces, cómo tramitar la norma sin aval o medición de impacto fiscal cuando esta es una exigencia legal?? Cómo evitar que el proyecto de ley no sea más que una “casa en el aire”? 

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Aparecieron otras ponencias de la Ley

La ministra de Educación, Aurora Vergara, no sólo debe ver cómo logra que el Ministerio de Hacienda emita un concepto preciso, que convenza a senadores (como Paloma Valencia, David Luna y Carlos Fernando Motoa, entre otros) de que su implementación es fiscalmente viable, sino que también tiene otros dos grandes retos que superar lo más pronto posible.

El primero, es que al informe de ponencia que respalda todo el proyecto del gobierno, emitido por la senadora María José Pizarro (Partido Pacto Histórico), le salieron otras dos ponencias diferentes. Aunque positivas, las propuestas radicadas por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), por un lado, y los senadores David Luna (Partido Cambio Radical), Alfredo Deluque Zuleta (Partido de la U), y Germán Blanco Álvarez y Juan Carlos García (Partido Conservador), de otro lado, sugieren cambios al articulado, algunos de los cuales implican observaciones de fondo, que podrían dilatar su debate.

La ponencia de Luna, Deluque, Blanco y García hace menores cambios, pero insiste en que se reconozca y dé protagonismo a la educación superior privada, se incluyan los sistema de formación para el trabajo, del SENA y la formación profesional, el respeto y no intervención del gobierno a la autonomía universitaria, y la inclusión de la educación terciaria, y otros aspectos de redacción.

Por su parte, la ponencia de Paloma Valencia reitera la mayoría de observaciones de la ponencia de sus colegas, es mucho más enfática en el rol, autonomía y libertad de la educación privada, rescata el rol del Icetex para la educación privada, rechaza el articulado del gobierno que busca que las IES reconozcan la participación vinculante de la comunidad en las decisiones de su gobierno, advierte que el derecho  la educación no debe conllevar la no sanción de faltas o la promoción automática y elimina los articulado relacionados con el derecho a la educación diferenciada según comunidades (campesinos, adultos y adultos mayores, víctimas del conflicto armado, personas reincorporadas, privados de la libertad, pueblos étnicos, personas con discapacidad, personas con capacidades excepcionales, enfermas, gestantes, lactantes, madres cabeza de familia y personas con trastornos específicos de aprendizaje), contempla la figura de educación por concesión, así como un bono escolar que permita a los estudiantes definir la institución, pública o privada, en la que desee estudiar, y señala que la financiación estatal se dará en educación superior sólo hasta un año después del tiempo previsto para la finalización de los estudios. Finalmente, pide que las autoridades puedan ingresar a los campus universitarios “cuando se presenten graves alteraciones al orden público”.     

Las tres ponencias coinciden en la progresividad y en el reconocimiento de las escuelas normales superiores como instituciones de educación superior. 

Un detalle no menor, que podría incidir también en el análisis de constitucionalidad que haga la Corte Constitucional, es que las ponencias alternativas fueron conocidas por los senadores, pero no fueron debidamente publicadas a tiempo para conocimiento de la opinión pública en la Gaceta Oficial.  

El tiempo en contra

El reloj corre en contra del proyecto de ley que, por ser estatutaria, tiene que estar aprobado en cuarto debate (segundo de Senado en plenaria), y conciliado con el texto que fue aprobado en Cámara de Representantes, a más tardar el 20 de junio, y en la dinámica del Congreso y otros proyectos que debe debatir del Congreso, el reloj en contra amenaza con el archivo del proyecto.

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.