Reforma educativa está develando intereses particulares por sobre los sectoriales. Bajo el argumento de defender educación de calidad se está alimentando una perjudicial confrontación.
Todo por el debate sobre si el Estado debe o no apoyar a las instituciones de educación superior privadas, en momentos en que el gobierno inicia el trámite legislativo de una propuesta de ley estatutaria que busca reconocer la educación, en todos sus nieles, como un derecho, y alista un proyecto de ley para reformar la ley 30 de 1992, sobre educación superior.
La expectativa creada por el presidente Petro para favorecer la educación pública llevó a que los rectores de las universidades privadas Andes, Javeriana, Sabana y Eafit cuestionen la Ley Estatutaria, consideren que no responde a todos los ámbitos deseados y digan que la falta de claridad gubernamental en temas como Icetex va a terminar “marchitando” a la educación superior privada, al desincentivar la matrícula de colombianos en IES privadas.
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En sentido contrario, y como una muestra de respaldo a la apuesta gubernamental, los rectores de las universidades Nacional de Colombia, Antioquia, Valle y UIS, salieron a respaldar las acciones del gobierno en favor de la ley estatutaria pero, eso sí, insistiendo en que el debate no puede olvidar la que consideran urgente reforma de los artículos 86 y 87, sobre el modelo de asignación de recursos.
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Si bien los comunicados, tanto de públicas como de privadas, buscan ser proactivos y no expresan una pública diferencia, sí reflejan que el sector está dividido en torno del tema, que las apuestas presidenciales tienen mayor acogida en el sector público alineadas con el concepto ideológico del gobierno malinterpretado por muchos de sus defensores que dicen que todo lo que no sea público es un negocio y que, como tal no debería tener recursos del Estado, como por ejemplo lo sugiere la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo, activa protagonista en la ejecución en el tema de parte del gobierno Petro.
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También reflejan el temor de que el Ministerio de Educación no logre sacar adelante la reforma estatutaria, que en el debate se sacrifique la reforma de los artículos 86 y 87, la ausencia de integración y liderazgo sectorial y la incapacidad de las asociaciones de IES para hablar a nombre de todas sus asociadas.
La ideología detrás de la división
La llegada a la Presidencia de la República de Gustavo Petro significó un momento culmen para la izquierda y el movimiento estudiantil y profesoral de la educación superior pública, que han encontrado en éste la más importante voz de respaldo político a través de su propuesta de universidad pública, gratuidad y de calidad, e idealmente con acceso universal.
El discurso de Petro se ha entendido, por gran parte de la población, como la apuesta de que el Estado comenzaría a eliminar todas las barreras, y la posible disminución, hasta la desaparición, de la educación superior privada, en el entendido de que esta cobra matrícula sin subsidio de parte del Estado.
El presidente sugiere que las universidades privadas han recibido muchos recursos del Estado, en deterioro de la educación superior pública, y contribuye a crear el falso imaginario de que la educación superior privada no garantiza la calidad ni la cobertura y menos aún la gratuidad.
Los mensajes públicos del presidente Gustavo Petro son explícitos para entender la preocupación del sector privado. En respuesta a una noticia sobre la posición de universidades como Los Andes, Petro señaló que por “dedicar enormes recursos públicos a financiar la universidad privada se desfinancia la pública, lo cual equivale a que el 50% de los jóvenes se queda sin educación superior y el país profundiza su desigualdad y la violencia”.
Y luego retuitea un mensaje quede @Alej0Comenta, en el que cuestiona: “La universidad es privada, pero requiere recursos públicos ¿?… La universidad es pública, pero no recibe recursos privados ¿?”
En este escenario, personajes regionales como el paisa Adolfo León Palacio, acusa que “las Universidades privadas lo que requieren es control por parte del estado. Sus cuantiosos excedentes no pagan impuestos y en muchos casos sus gastos administrativos son desmedidos”.
De esta forma, “gracias” a la carta de las cuatro tradicionales, privadas y costosas universidades privadas, las redes se llenaron de críticas contra la educación privada, como si todas las IES privadas actuaran con la misma lógica, y los defensores del gobierno se han encargado de “cobrar” los millonarios recursos que obtuvieron éstas por concepto del programa de Ser Pilo Paga, del gobierno Santos.
Ahora, si bien ni el gobierno ni los textos de ley dicen explícitamente que el Estado desfinanciaría o “marchitaría” a la universidad privada, como han sugerido algunos rectores, y se mantiene la figura de sistema mixto (público y privado) en la educación superior, también es claro que su silencio frente a las quejas de los rectores y la ausencia de programas concretos de fomento a IES privadas y, concretamente, de sus estudiantes, confirman el temor de que al actual gobierno nacional no le interesa fomentar la educación superior privada.
Por ejemplo, cuando Alejandro Gaviria fue ministro dijo que la propuesta gubernamental de incrementar la cobertura en 500 mil cupos se haría con el concurso de las universidades privadas, pero esa idea desapareció del discurso gubernamental. Si bien aún no se presenta cómo sería la distribución de los cupos, lo cierto es que el Ministerio de Educación viene trabajando la iniciativa solo con las IES públicas y sin convocar a las privadas.
¿Y el Icetex?
En campaña, Petro prometió cambiar la orientación del Icetex (dado que la educación sería gratuita), y hasta sugirió su eliminación, pero si bien su rol de financiador del pregrado se acabaría con la gratuidad en la educación pública, los estudiantes de las privadas quedarían desamparados.
El Ministerio de Educación y el propio Icetex han patinado en torno a qué pasará con esa entidad. En la propuesta inicial de reforma de la Ley 30 se sugiere que el Icetex disminuiría gradualmente sus créditos y se enfocaría en mecanismos para estudios en el exterior, y tras las críticas del sector privado, el propio gobierno parece estar echando reversa al respeto. “Nosotros vamos a seguir financiando a los jóvenes que vayan a las universidades privadas”, ha dicho el presidente del Icetex, MauricioToro.
De por medio está por definirse cómo será la reforma de la entidad. Defensores plenos de la gratuidad cuestionan los que consideran cambios más cosméticos que de fondo, pues estiman que el concepto de entidad crediticia con lucro sigue vigente. Entre tanto, el Icetex ya comenzó a aplicar un principio que va en contra de la ideología y mensaje presidencial, el pago contingente al ingreso.
Todo constituye un panorama complejo. Pese al discurso gubernamental, 13 meses después de la posesión presidencial, las IES públicas siguen sin recibir los recursos que le garanticen crecer como se ha anunciado; las anunciadas nuevas universidades públicas no despegan; y hay duda sobre el trámite legislativo de la reforma de los artículos 86 y 87, pues no ha avanzado desde el primer debate y no hay seguridad de si la reforma a la Ley 30 va a salir ni cuándo. La IES privadas no tienen un vocero definido (en el fondo, las cuatro que mandaron la carta solo se representan a sí mismas), las asociaciones no tienen peso, el Ministerio no las tiene en cuenta, y los anuncios de gratuidad del gobierno les está estigmatizando frente a la opinión pública como si fueran negociantes con lucro de la educación, al tiempo que la demanda les va bajando.
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Un país que necesita de la educación superior privada
El problema de fondo es que el Gobierno está desconociendo la coherencia esperada entre su apuesta por la universalidad en el acceso y la gratuidad en la educación superior con el compromiso que debe tener para apoyar el estudio de casi un millón de estudiantes de escasos recursos matriculados en las IES privadas, que también son colombianos y objeto de protección constitucional.
Bien lo recuerda el exrector universitario Wilson Tellez “en Colombia la educación es un servicio público. Toda la legislación sobre universidades es así. Hay Universidades estatales y privadas. Pero todas son públicas”.
La educación superior privada no pide que el Estado dé recursos directamente a sus IES, como algunos han venido o malinterpretado la petición, sino que no desfavorezca los recursos que tradicionalmente han incentivado la convivencia del sistema mixto, como por ejemplo el Icetex, que se ha constituido en motivo de preocupación, tanto para el Estado como para las IES privadas.
La educación superior privada en Colombia no ha surgido por generación espontánea, ni de forma ilegal. Toda su oferta está debidamente reglada y autorizada por el propio Estado, que indirectamente encontró en ésta la forma de atender la cobertura en cientos de municipios en los que no ha llegado la oferta pública en todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, hay regiones como el Tolima (solo por citar un caso) en donde la oferta del programa de ingeniería civil sólo la tienen IES privadas, porque las públicas no la han desarrollado. ¿?
Ambos sectores, público y privado, atienden a los objetivos de la educación consagrados en la aún vigente Ley 30 de 1992. Varias de estas IES privadas (entre ellas firmantes de la carta) se ubican en primera línea por su prestigio y calidad, y un muy importante número registran importantes grupos de investigación, actividades de interacción social, interacción y titulación de profesionales muy destacados en el sector público, como por ejemplo la mayoría de los ministros y el propio presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
Convivir, compartir e integrarse
Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno Duque, en la orilla política contraria a la del presidente Petro y rector de la privada Universidad EIA, es imperativo “construir juntos como sistema el futuro de país y de la educación superior de calidad donde cabemos como en otras cosas”.
Mensaje similar produjo el rector de UNICOC, también privada, quien señala que “no podemos polarizar la ley y la reforma educativa entre “las públicas y las privadas”, pues todas, en el sistema universitario mixto nacional, somos oficiales y no oficiales que prestamos un servicio público de educación”.
En este escenario la ministra Vergara no debería “pasar agachada” y demostrar un necesario liderazgo, así como los mismos rectores que han firmado las cartas, para convocar espacios de encuentros nacionales, antes que la polarización haga inviable el diálogo.
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.