ASPROUL

Uribe Celis, sociólogo, profesor  titular (r) de la U. Nacional de Colombia, presidente de la Federación Colombiana de Sociología, investigador, autor, analiza cómo han evolucionado las reformas educativas y los retos de la actual agenda de política pública.

El gobierno Petro con el propósito de un cambio en la vida política y social (“Gobierno del Cambio”) del país se empeñó en programar muchas reformas que alteraban la legislación vigente y debían ser aprobadas como nuevas leyes en los cuerpos legislativos. Quizá haya habido un error en la estrategia. En vez de una decena (o algo así) de aquellas reformas alineadas simultáneamente para la batalla ante el viejo modelo de discusión legislativa (otros métodos más expeditivos no resultaban viables ahora) podría haberse limitado a dos de aquellas inicialmente: salud y pensiones, y, con estas en la mano, proceder gradualmente a otras posibles. Como consecuencia de su fallida estrategia perdió tiempo que cedió en cambio a sus enemigos para que se armaran. Quede esta consideración solamente como una marca del ambiente en que se presenta una de esas muchas reformas en el gatillo presidencial: la reforma educativa.

En la historia republicana se han dado dos reformas significativas –aparte, claro, de la bolivariana, inspirada en el educador inglés Joseph Lancaster (1778-1838)-: La primera de estas reformas fue la de 1870, dada en el contexto del régimen federalista liberal que, en contra de Núñez y de Caro y sus actuales sustentadores, trajo un benéfico ideal de patria que fue liquidado por la constitución clerical conservadora de 1886. La otra reforma en la historia es la de los años 20 del siglo XX, que dejó algunas instituciones que aún persisten. La reforma de 1870 relegó a Lancaster y su método de educación subalterna donde el maestro había de educar a un grupo de monitores supuestamente aventajados para que estos educaran a su vez a los otros estudiantes considerados de un nivel más bajo. Memorizar era el método preferido. En ambas reformas, la del 70 y la de los 20´s, los agentes del cambio fueron sendas misiones alemanas. Los alemanes del 70 crearon las escuelas normales (para la formación de maestros), introdujeron el método pestalozziano con ecos de la idea rousseauniana de estimular la intuición, la inventiva del niño en su relación con la naturaleza y la vida real y práctica, y, por otra parte, dejaron un pensum de materias modernas (algebra, trigonometría, idiomas, etc.) cuyos temas persisten. La reforma de los años 20 creó normales superiores de hombres y mujeres (promovidas a ser sujetos de la profesionalidad, el arte y la ciencia) cuyo legado permanece en las universidades “pedagógicas” que subsisten hoy.

¿En qué medida la reforma actual, la de Petro, es una reforma en el sentido de las anteriores? Creo que en ninguno. Aquellas viejas reformas cambiaron los métodos y los contenidos de la instrucción y, a partir de esta, los efectos culturales sobre la población que lentamente se alfabetizaba e iba teniendo acceso a la nueva escuela. La reforma petrista no atañe prioritariamente a pedagogías, metodologías y materias de pensum (aunque algo de eso se incluya). Atañe, en cambio, a algo admisiblemente más radical. Que ya no solo la educación primaria y secundaria sea universal y obligatoria, sino que todos los jóvenes del país tengan acceso a la universidad, a la educación terciaria o postsecundaria. Es decir, lo de ahora es asunto de cobertura, de universalidad educativa terciaria. Para esto, en un país donde la pobreza alcanza al 80% de la población (no al 42.5%, como dice el DANE, con criterios aparentemente técnicos, pero realmente subjetivos e ideológicos) y donde la desigualdad socioeconómica es la mayor del continente (con un posible competidor) y una de las más altas del planeta (C. Uribe Celis, 2023, La revolución cultural nuestra); para ello, decimos, la educación debe ser gratuita o de “matrícula cero”, según se afirma con gran efecto. La viabilidad de esta meta loable es altamente problemática –como otros han señalado-, si esa viabilidad se aprecia con la restricción de “coeteris paribus ”(=dejando todo lo demás igual a como se encuentra ahora), restricción  propia de la teoría económica ortodoxa. ¿Qué puede pasar, pues, con la matrícula cero para 500.000 jóvenes, una meta política actual, pero que cabe extender a dos millones de jóvenes más, si aspiramos a la universalidad auténtica? Varias cosas. Así, por ejemplo:

Que el presupuesto disponible no alcance. ¿Dónde, además, se hallarán los docentes para 500.000 cupos más, en el corto plazo o para 2 millones en el mediano plazo? La matrícula cero universal acaba favoreciendo a los estratos altos y discriminando aún mayormente (Víctor Manuel Gómez, Observatorio…, [última semana de Febrero 2024] y, en fin, pero no menos importante, se alza una guillotina sobre la cabeza servida de la universidad privada.

Al respecto puede opinarse que, en verdad, en el largo plazo el presupuesto podría hacerse alcanzar, si realmente hubiera voluntad política en este y otros gobiernos para tamaño logro a todas luces transformador. Hay que observar que la mayor parte de los nuevos cupos deberían ubicarse más allá de las cuatro o cinco grandes urbes del país, donde la matrícula está hoy concentrada, es decir en la provincia, en los municipios no megaurbes sino de mediano tamaño. Y, así, también los docentes, por ejemplo, pueden salir –como paradoja lancasteriana- de establecer un año rural en las grandes y mejores universidades actuales para las nuevas carreras que se estimen necesarias (ingenierías, arquitectura, agronomía, veterinaria, etc.) útiles al desarrollo de la provincia. Los recién graduados no estarán solos sino apoyados por docentes de carrera, más experimentados. En tercer lugar, si los cupos van a la provincia y no a las grandes urbes la población favorecida es distinta de la que hoy se forma en las megaurbes y, conforme a la ley de oferta y demanda la universidad privada continuará hallando clientes, pues un número importante la preferirá, como hasta ahora lo viene haciendo.

Las penurias actuales y potenciales de la universidad privada, por desgracia, no son ni serán producto exclusivo de una ley de matrícula cero. Otros factores parecen determinantes: El cambio demográfico en el mundo desarrollado (y en Colombia) discurre hacia una pirámide invertida donde los niños son cada vez menos y los adultos mayores o los viejos son cada vez más, arrojándonos en una triste perspectiva poblacional. Los jóvenes, por su parte, están sopesando el costo-beneficio de estudiar una carrera cuyo costo actual es bastante alto y debe financiarse con créditos que luego pesarán sobre la economía doméstica de los posgraduados, cuando la posibilidad de empleo es -¿cómo negarlo?- precaria (por la advertida “precarización del trabajo”). Además, en el mundo digital, y ahora de la Inteligencia Artificial emergente, la autoformación (autodidactismo, se decía) toma fuerza, los ricos del mundo (los emprendedores triunfantes) no tienen título universitario ni lo necesitaron. Steve Jobs, el fundador de Apple, creó un imperio desde su propio garaje, fue portada de Time en 1982 y luego fue invitado por Stanford, universidad gringa de élite, a dar la conferencia de graduación en 2005. Esto sólo por citar un caso. La universidad privada, empero, ha prestado grandes, grandísmos servicios a la cultura colombiana y debe persistir y ser apoyada en cuanto resulte posible.

Pero, finalmente, el problema fundamental de los efectos de la reforma actual para universalización de la educación terciaria en el corto y mediano plazo es la llamada “calidad” de la educación. No se puede pretender que los 500.000 cupos (o los 2 millones más adelante) en las universidades de provincia cumpla con los estándares de calidad impuestos desde afuera, desde lejos, a los países del sur del mundo. Seguir las pautas de Cambridge, de Oxford o de Harvard es una equivocación mayúscula. Oxford, Cambridge, Harvard y otras universidades de élite del Norte son agentes capitalistas riquísimos grandes terratenientes y grandes inversionistas. Poseen ingentes   ingresos que Colombia no tiene y la adopción obsecuente de las pautas de calidad debe ser definitivamente revisada. Dos botones de muestra: la publicación en revistas indexadas está ya ampliamente cuestionada (Philip G.Altbach & Hans de Wit, [Boston College, DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.2019.96.10767]; Jorge Garay [Ciencia, https://es.wired.com/articulos/ hay-una-sobreproduccion-de-articulos-cientificos-la-comunidad-dice-que-no-son-buenas-noticias -]. Los contenidos indexados tratan en gran parte de temas marginales, que ni los académicos mismos leen, salvo para usar como apoyo de otra publicación igualmente marginal suya buscada principalmente para ganar puntaje salarial, como ha sido denunciado ubícuamente. De otra parte, el sistema de rankings universitarios es más dañino que benéfico para el avance de las disciplinas y de los centros universitarios y se presta a distorsiones basadas en la búsqueda de ganancia para los rankeadores y los rankeados. Lo que se requiere es restaurar el prestigio de los grandes maestros, los grandes conocedores y los grandes docentes. En busca de ellos podrán ir muchos jóvenes insatisfechos con la virtualidad y la IA. La investigación debe hacerse en institutitos de investigación adecuadamente financiados y con profesionales altamente especializados, cuyo trabajo ha de revertir a la universidad mediante canales y agendas bien establecidas, pero sobre todo a la sociedad a la que pertenecen.  Los patrones importados de calidad educativa deben remplazarse por patrones de ajuste a la realidad autóctona y de servicio a los intereses de la patria: soberanía territorial, alimentaria, ambiental, de salud, de vivienda, de seguridad y más. Los 500.000 nuevos doctores, autonombrados gestores de paz, habrán de ser los nuevos emprendedores que saquen adelante este territorio, rico, diverso y hermoso, que hasta ahora han monopolizado desde arriba violentos depredadores y oscuros notablatos. Es por aquí por donde el “cambio” puede advenir realmente.

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.