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El gobierno plantea una comisión de 34 expertos para elaborar el proyecto de reforma de la justicia. ¿Cómo funcionaría la comisión y cuáles son los lineamientos del gobierno?

Jorge Iván Cuervo R.*

Intentos fallidos

El gobierno finalmente decidió abrir el escenario para plantear una reforma a la justicia, una iniciativa que generalmente promueven todos los gobiernos, con poco éxito durante la vigencia de la Constitución de 1991.

El gobierno Santos promovió una ambiciosa reforma a la justicia contenida en el Acto Legislativo 02 de 2015, el cual fue demandado ante la Corte Constitucional, tribunal que mediante sentencia C- 285 de 2016 limitó de manera significativa las posibilidades de una reforma de la justicia al interpretar en modo maximalista los principios de autonomía e independencia judicial.

El gobierno Duque también presentó una reforma de la ley estatutaria de administración de justicia, sobre lo cual también se pronunció la Corte Constitucional mediante la sentencia C-134 de 2023, reiterando su jurisprudencia, en el sentido de interpretar de manera restringida las posibilidades de una reforma a la justicia —especialmente si es promovida por el gobierno—.

La Corte en estas sentencias reforzó los principios de independencia y autonomía judicial como las líneas rojas de cualquier reforma, lo cual limita de manera significativa las posibilidades de los gobiernos y del Congreso para aprobar y ejecutar grandes transformaciones en la administración de justicia.

Lo ideal sería que el gobierno llegara con un documento de diagnóstico con cifras actualizadas sobre la administración de justicia y unas líneas gruesas de política que circunscriban el debate, sin perjuicio de ir sumando otras propuestas en la medida en que avance la Comisión

Una nueva reforma debería empezar por ahí, con un diálogo con las Altas Cortes para tener claro cuál es el margen de maniobra que tienen los gobiernos para reformar la justicia, sin que ello implique, en algunos casos, sustitución de la Constitución o vulneración de principios constitucionales, como ha pasado en los dos últimos gobiernos.

Pretender hacer una reforma sin dialogar con las cortes implica un desgaste innecesario y un acumulado de frustraciones que lleva a que los gobiernos se desentiendan de un tema que siempre está en el centro de la agenda de discusión, pero sobre el cual hay mucho riesgo político y pocas posibilidades de éxito.

Foto: Ministerio de Justicia – Uno de los pilares de la reforma a la justicia, anunciado por el ministro de Justicia, es un sistema penitenciario orientado a la resocialización.

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La Comisión

Todo parece indicar que, a partir de unas ideas generales que reflejan la posición del gobierno, el trabajo se le encargará a una comisión conformada por 34 personas, provenientes de diferentes ámbitos estatales y no estatales, que tienen alguna relación con la administración de justicia.

La fórmula de una gran comisión no es nueva, los gobiernos la usan para empezar a producir consensos y acercar al debate a expertos y figuras que han ocupado cargos en la rama judicial y conocen los problemas de funcionamiento de la administración de justicia —aunque casi siempre el resultado se queda en documentos que no trascienden como bases para una reforma—.

La última gran comisión operó durante el segundo gobierno de Uribe, convocada por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Ese informe debería ser tenido en cuenta en esta nueva ocasión pues allí hubo algunas buenas ideas que pueden recuperarse.

Una comisión de 34 personas puede ser muy representativa, pero tiene el riesgo de ser un mecanismo engorroso y poco ágil donde no se logren consensos fácilmente, dada la diversidad de enfoques y criterios.

Lo ideal sería que el gobierno llegara con un documento de diagnóstico con cifras  actualizadas sobre la administración de justicia y unas líneas gruesas de política que circunscriban el debate, sin perjuicio de ir sumando otras propuestas en la medida en  que avance la Comisión, la cual debería sesionar durante el primer semestre y entregar un informe con propuestas de articulado constitucional, estatutario y ordinario para ser presentado ante el Congreso en la legislatura que comienza el 20 de julio de este año.

De esta comisión harán parte magistrados/as de tribunales, jueces de diferentes especialidades, el vicepresidente de la JEP, representantes sindicales de los jueces, centros de investigación, abogados, académicos, representantes de las Altas Cortes, la Fiscalía, la Comisión de Disciplina Judicial, y representantes de los pueblos indígenas, entre otros.

En ella también participará Germán Vargas Lleras, quien ha planteado algunas ideas que van en contravía de lo anunciado por el gobierno, tales como restringir la tutela para decisiones judiciales, otorgar funciones judiciales a particulares, y una vieja obsesión del exvicepresidente que nada tiene que ver con la justicia, como es la idea de limitar la consulta previa para proyectos de infraestructura. Un arsenal de ideas que de entrada podrían dinamitar la Comisión.

La propuesta del gobierno

La propuesta de reforma ha sido presentada a cuentagotas, como unas ideas muy generales por parte del presidente y algo más desarrolladas por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna.  Estas son las principales ideas que ha anunciado el ministro:

  • Un poder judicial más fuerte, capaz de hacer cumplir sus decisiones.
  • Un sistema de justicia que pueda llegar a la verdad, especialmente en la justicia penal.
  • Una oferta en administración de justicia más robusta y variada.
  • Justicia con enfoque diferencial.
  • Una justicia más eficaz en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
  • Mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, llegando a donde nunca ha llegado, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos.
  • Reforma del sistema penitenciario y carcelario orientada a la resocialización y con la posibilidad de administración de cárceles por parte de particulares (un tema controversial que dará mucho de qué hablar).

También plantea otra comisión de lucha contra la corrupción, con presencia de expertos internacionales, cuyas recomendaciones incluirían reformas a la justicia penal y, probablemente, reformas de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Ya se conoce un borrador de articulado que suprime la posibilidad de la Procuraduría de sancionar a servidores públicos elegidos popularmente, lo cual implicaría una nueva reforma porque estos servidores no pueden quedar al margen de la acción disciplinaria.

Lo ideal sería separar los temas de las reformas a la rama judicial y la administración de justicia de los relacionados con la reforma de organismos de control y lucha contra la corrupción, si bien al final debe identificarse unas líneas convergentes que alimenten las reformas normativas e institucionales.

La oferta y la demanda

Aunque no se haya presentado un documento de diagnóstico con datos y cifras actualizadas, evaluaciones de anteriores reformas o un marco conceptual que incluya el margen de maniobra que ha definido la Corte Constitucional para las reformas, puede inferirse de las distintas declaraciones del ministro Osuna que la principal idea que parece animar la reforma es la disminución de la brecha entre la demanda de justicia y la oferta judicial, que él calcula, así al vuelo, en los últimos años, en un aumento de la demanda en 400 % y de la oferta en 30 %.

Estos datos deben aterrizarse de una manera más precisa porque en cada jurisdicción y especialidad es diferente, y no es lo mismo en centros urbanos que en zonas rurales o pequeños municipios.

Si bien esto puede ser un problema, también es cierto que la congestión judicial indica que esto no se resuelve necesariamente con más jueces (aumento de la oferta) —aunque en algunos casos sea necesario—, sino con medidas que estimulen una mayor racionalización de la demanda, sin afectar el derecho de acceso a la justicia.

Cuando el ministro dice que con la reforma se puede duplicar el gasto en justicia de 15 a 30 billones al año, estaría pensando en más jueces, más cárceles, más guardias penitenciarios y más tecnología para consolidar la justicia digital. No está teniendo en cuenta otras estrategias de racionalización y de articulación de la oferta judicial y la demanda que no pasan necesariamente por incrementar la burocracia judicial.

la congestión judicial indica que esto no se resuelve necesariamente con más jueces (aumento de la oferta) —aunque en algunos casos sea necesario—, sino con medidas que estimulen una mayor racionalización de la demanda, sin afectar el derecho de acceso a la justicia.

Por su parte, el usuario de justicia no tiene influencia alguna en el sistema judicial, y es quien debe beneficiarse de las reformas, porque es quien sufre las deficiencias del sistema en términos de acceso, garantía de derechos, demora en la solución de sus necesidades jurídicas y falta de eficacia en las decisiones judiciales.

Las reformas a la justicia en Colombia no piensan en esto como prioridad, se diseñan para darle gusto a la cúpula judicial con una enorme capacidad de cabildeo para decidir cómo deben quedar las reformas, y la Corte Constitucional se ha asegurado de que así sea. Esta reforma no parece ir en una dirección diferente, y en un gobierno del cambio esto debería ser una prioridad, acceso a la justicia y eficacia judicial para los más vulnerables de la sociedad.

En un siguiente artículo hablaré de lo que considero debería ser una reforma a la justicia en Colombia.

Fuente: Diario Razón Pública.