El gobierno cambió su estrategia y decidió no radicar su propuesta de reforma a la Ley 30 el 20 de julio, sino presentar ese día al país su propuesta de texto para análisis del sector.
“Hemos escuchado las solicitudes de todos los actores de la comunidad educativa. Estamos dispuestos a continuar el diálogo nacional para lograr los consensos que nos permitan construir una reforma a la educación coherente con el tiempo que estamos viviendo”, escribió la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, en sus redes sociales, al finalizar la tarde de este lunes 17 de julio, día que había anunciado para presentar al país el texto a radicar en el inicio de sesiones del Legislativo este jueves 20 de julio.
Es decir, el Ministerio de Educación no cumplió con su anuncio de hacer público el texto del articulado el lunes 17, y lo aplaza para el 20, pero da un anuncio, considerado positivo por el sector, de que el articulado no se radicará el 20 sino cuando se “logren los consensos”.
¿Cuándo se lograrán los consensos? No se informó. Puede depender de la acogida que tenga el texto que se presente a la comunidad educativa y la opinión pública o de la decisión del propio presidente Petro de confirmar una fecha exacta para radicarla ante la Comisión Sexta, bien de Senado o de Cámara de Representantes, conforme el ambiente político.
Hasta el jueves pasado la decisión parecía inamovible, tras la reunión del presidente y la ministra con los rectores del SUE, quienes salieron, más resignados que convencidos, indicando que acompañarían la radicación el 20 de julio que, sí o sí, se haría por petición expresa de Petro, y en esa dirección caminaba el Ministerio, pese a la unanimidad de opinión de los rectores y del sector de que no era conveniente iniciar el trámite legislativo sin que el texto fuera previamente conocido y debatido públicamente.
Pero las señales muestran que la ministra comenzó a aflojar el viernes, especialmente tras la reunión que ella atendió con rectores de IES privadas y las asociaciones Ascun, Aciet, Acesad y Aciesca, en donde hubo un pedido unánime de éstas de posponer la radicación de la reforma y, particularmente, de que el texto fuera consultado con el sector, con tiempos y metodologías precisas.
La ministra (quien mostró sorpresa al escuchar de parte de las asociaciones que dijeron no haber sido debidamente consultadas, al tiempo que se percibió una aparente descoordinación de ella con el equipo del Ministerio), intentó mediar en el hecho pidiéndole a todos que hicieran llegar, urgentemente, sus aportes, para que el equipo trabajara el texto a radicar el fin de semana, y presentarlo a partir del lunes 17 de julio.
Posiblemente el propio Ministerio de sorprendió al ver que las asociaciones corrieron a entregar sus documentos y aportes, así como comenzaron a llegar más aportes de las asambleas populares e, incluso, algunos reparos de estudiantes que también coincidían en que no era prudente radicar un proyecto de ley sin el análisis previo.
El hecho es que planeado o no, obligado o no, la decisión la ministra de posponer la radicación del proyecto de ley, puede leerse de diversas formas.
Para algunos, en términos populares, fue una forma de “echarse para atrás” y de responder temerosamente a lo que podría pasar si el gobierno seguía con una actitud terca, similar a lo que le sucedió con la reforma a la Salud, tras el unanimismo del sector sobre lo improcedente que sería no poner el texto en consulta pública antes de la radicación.
Mostrarse dispuesta a “continuar el diálogo nacional para lograr los consensos que nos permitan construir una reforma a la educación coherente con el tiempo que estamos viviendo” muestra ahora a la ministra como una funcionaria conciliadora, que hábilmente logró “comprar tiempo” mientras mide realmente la temperatura del sector y el entorno político.
Incluso, desde la Consejería Presidencial para la Juventud se tomó la decisión de la ministra, de aplazar la radicación, como algo positivo para responder a expectativas de diversos grupos.
Otra lectura es que el gobierno tenía muy avanzado el texto del proyecto de ley, pero no había valorado debidamente la reacción del sector privado, el volumen de documentos allegados a última hora y las múltiples columnas de opinión del fin de semana que, sin excepción, sugerían la inconveniencia de correr al estilo pedido por el presidente. Por prudencia y, literalmente, falta de tiempo para procesar la información, al tiempo que se hacían de forma paralela otras asambleas populares con estudiantes, no fue posible para el Ministerio responder a su promesa de publicar texto el 17 de julio.
Una tercera lectura tiene que ver con que, además de que no se ve unanimismo entre el sector estudiantil para respaldar, ciegamente, el texto que produzca el Ministerio, el ambiente político no le ayuda al gobierno en este momento, como sí pudo tenerlo en la legislatura antepasada cuando radicó la reforma tributaria. El presidente viene de capa caída en su popularidad, su coalición de apoyo se rompió en el Congreso y el Ejecutivo no cuenta con mayorías aseguradas para sus proyectos. Tampoco se conoce aún quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara, así como los de comisiones sextas (que posiblemente no estarían a las órdenes del gobierno), y viene un semestre electoral que, conforme la tradición, obliga a bajar enormemente la carga de trabajo en el Congreso por las inasistencias de políticos que están en campaña. Además, porque la reforma a la Ley 30 figura en el discurso presidencial y de algunos rectores, como la más importante, pero en la práctica es la de menos peso político.
Lo cierto es que, por ahora, la ministra logró bajar la presión. No se sabe hasta cuándo. Tampoco se sabe si la ultima palabra depende de su habilidad para re-convocar al sector para su análisis o las urgencias políticas y caprichos del presidente.
Ojalá que el anuncio de la ministra no sea flor de un día y que el Gobierno no se empecine en radicar prontamente el texto.
La decisión de la ministra puede ser un reversazo, pero también un gran salto hacia adelante, siempre y cuando lo sepa aprovechar y volver a sentar a los rectores, con articulado en mano, y presionándolos debidamente en tiempos y metas de análisis, para llegar a acuerdos en el texto que llegue finalmente al Congreso. Ya escuchó a los estudiantes, ahora puede escuchar a rectores y no puede dejar por fuera a los otros actores (empresarios, educación media, formación para el trabajo, otros ofererentes….). Si logra concertar una metodología y negociar más tiempo con el presidente (por ejemplo, todo este semestre), posiblemente pueda llegar a 2024 con un texto validado, sin reticencia sectorial y pleno apoyo político, evitando el desgaste sufrido por las otras reformas.
Por ahora, el Ministerio de Educación habla de concertar una “Comisión de Alto Nivel por la Educación Superior”, que tendrá su primer encuentro el próximo 26 de julio.
Si no logra esto, Vergara Figueroa habrá perdido una oportunidad maravillosa, corre el riesgo de “quemarse” políticamente y el sector tendría una frustración, una vez más, frente a la reforma deseada de la Ley 30 de 1992.
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.