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Prácticas corruptas en el sector educativo

A principios de los 60, la Unesco creó en París un instituto para fortalecer las capacidades de los estados miembro en el campo de la planificación y la gestión educativa. Según la investigadora Muriel Poisson, responsable del Programa sobre Ética y Corrupción en la Educación en el Instituto Internacional de Planificación Educativa ( IIEP), la corrupción en escuelas y universidades es un problema a nivel mundial.

Favoritismo, nepotismo, clientelismo, trabajadores fantasma, tráfico de influencias, contratación de familiares y amigos, sobornos o la extorsión y la malversación de dineros públicos… La corrupción abarca un amplio espectro de conductas que afectan, aunque durante años haya sido tabú, a los sistemas educativos.

Junto al también investigador Jacques Hallak, presentó en 2010 un extenso informe titulado ‘Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿Qué hacer?‘, en el que explica que la estrategias más eficaces para mejorar el gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas en la educación se basan en principios iguales “tanto en los países ricos como en los países pobres” y consisten en mejorar el marco regulador, reforzar la capacidad de gestión, y establecer un control social sobre el uso de recursos. Según los autores, un proverbio oriental lo ejemplifica de forma gráfica: Dejar abierta la puerta de la despensa es una invitación a robar.

Según Poisson, la función del  Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la Unesco es apoyar a los ministerios de educación en el desarrollo de sus sistemas educativos en todo el mundo. “Si hablamos de financiar los sistemas educativos, no podemos ignorar el hecho de que algunos de los recursos asignados a las escuelas nunca llegan esos sistemas debido a la apropiación indebida de los fondos”.

Existen múltiples problemas de corrupción en el sector educativo. El primero, se relaciona con el financiamiento de la educación y la pérdida de fondos. Por ejemplo, cuando un ministerio asigna cien dólares, a veces solo 80 llegan a las escuelas debido a la recaudación de fondos.

La contratación de personal del propio Ministerio de Educación, de autoridades descentralizadas y del personal a nivel escolar y universitario es otro de los problemas. La dificultad aquí es que la contratación de personal no siempre se hace de acuerdo con criterios objetivos basados en el mérito, sino más bien por favoritismo o nepotismo, lo que por supuesto puede afectar tanto la eficiencia como la calidad.

Un tercer problema a destacar es el de los procesos de selección de estudiantes en todos los niveles del sistema, es decir, la admisión a instituciones, exámenes y procesos de selección para el acceso a la educación superior, y concesión de diplomas. Hay muchos ejemplos de fraude académico: desde las trampas más comunes durante los exámenes, al plagio, pasando por la compra de títulos universitarios..

Para Posisson depende del Estado establecer el marco general y los principios de transparencia, ética e integridad que deben ser respetados por todo el sistema. Pero corresponde a las universidades traducir estos principios en práctica y garantizar que los riesgos de corrupción y fraude académico del día a día se minimicen.

Para luchar eficazmente contra la corrupción en el sector educativo, se deben hacer tres cosas. En primer lugar, es necesario contar con normas y procedimientos más simples y claros que garanticen que los recursos se asignan y utilizan de manera transparente y equitativa. Es importante establecer estándares específicos para la integridad y la ética. Por otro lado, hay que fortalecer la capacidad de los actores para “resistir” a la corrupción. No es fácil, pero significa, por ejemplo, capacitar mejor a quienes están a cargo de cuestiones presupuestarias y contables y a quienes ejercen funciones de control.

Es necesario brindarles a los estudiantes, pero también al personal docente y a los agentes administrativos la oportunidad de presentar quejas sobre prácticas que atentan contra la ética. Sin embargo, esto debe hacerse con la obligación, por una parte, de proteger al demandante y, por otra, de garantizar que los procedimientos para tratar su queja se lleven a cabo de manera neutral y objetiva. Dependiendo de la gravedad del caso, las quejas se pueden manejar a nivel universitario, pero en casos graves puede ser necesario ir más allá de la universidad. De los tribunales depende hacer su trabajo.

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.

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