A nivel de rectores (muchos privados y todo el Sistema Universitario Estatal) el Gobierno Petro corre un gran riesgo al pretender radicar ya una propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, sin la debida consulta previa ni análisis de un articulado ni siquiera conocido.
De muy diversas formas se lo han advertido a la ministra Aurora Vergara Figueroa, quien parece estar dispuesta a seguir al pie de la letra las instrucciones del presidente de radicar a partir del 20 de julio el texto de la reforma, sin hacerle caer el riesgo de que la misma se caiga o, por lo menos, sufra muchos tropiezos en el legislativo.
La experiencia de hace una década con la propuesta de Santos, lo sufrido por este gobierno con las reformas de la Salud y Laboral, un Congreso sin respaldo asegurado, la ausencia de un propósito absolutamente claro en torno de los temas de reforma y la advertencia de diversas agrupaciones sectoriales y de rectores, son argumentos poderosos para considerar políticamente el no radicar, a la brava, un texto el 20 de julio o los días siguientes.
El debate ni siquiera ha empezado en torno de algunos temas (gratuidad, derechos, acceso, bienestar, gobierno, tipologías, ofertas, gratuidad….).
Lo cierto es que pocos temas han unido tanto a los rectores como el llamado a no acelerarse, a definir un plan de trabajo, los temas a abordar, los públicos a consultar y los tiempos de análisis, entre otros aspectos.
En distintas comunicaciones pero, según confirma El Observatorio de la Universidad Colombiana, con unidad en el pensamiento, los rectores de las 34 universidades públicas han hecho “respetuosos llamados” (que no son otra cosa que advertencias) al Ministerio de Educación, para no correr con la propuesta.
Por un lado la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya Castaño, en conjunto con los rectores de Antioquia, Valle, UIS, Pedagógica y Colegio Mayor de Cundinamarca, emitieron un comunicado en el que señalaron que si bien “aceptamos y compartimos la convocatoria de mesas temáticas que analicen aspectos particulares de la Ley 30; hace falta reflexionar sobre el sistema en su conjunto, definir un horizonte común y establecer los vasos comunicantes de este con los demás sectores de la sociedad”.
Asimismo, que “la nueva ley de educación superior debe ser una auténtica política de Estado que contemple la gestión, la evaluación, la calidad y la inspección y vigilancia”… y que “cumplir con este horizonte exige consolidar acuerdos en tiempos razonables, garantizando la participación de la pluralidad de actores del sistema, en diversos y continuos espacios, y la sistematización de los resultados de esa participación”.
Por lo mismo, indican, “no podemos permitimos el error de presentar un proyecto de ley sin la discusión, la legitimidad y la pertinencia que nuestra realidad nacional demanda. Es necesario contar con tiempos y garantías suficientes para que las comunidades de las instituciones de educación participemos adecuadamente”.
A su vez, pocas horas después el Sistema Universitario Estatal SUE, que recoge también a las universidades que emitieron el comunicado arriba referenciado, expidió una carta al presidente, ministra y viceministra de Educación Superior en la que, a nombre de la totalidad de sus 34 universidades asociadas, les señala que “la revisión integral de la Ley demanda un análisis profundo de cada capítulo, que puedan involucrar los procedimientos, los datos y cifras de expertos que trabajen día a día en el quehacer universitario, las apuestas regionales, nacionales y las metas globales, garantice la autonomía universitaria y la expansión de la docencia, investigación y extensión, la formación integral del estudiante, el impacto social y científico propio de la naturaleza universitaria; con conceptos jurídicos y financieros de los impactos de la misma, y la participación ciudadana y de los actores correspondientes”.
Por lo mismo al SUE “le preocupan las restricciones de tiempo para llevar a cabo los mismos, máxime cuando es una ley que nos ha definido las rutas de operación de las últimas tres décadas y que la redacción de los nuevos textos o ajuste a los artículos actuales definirán el futuro de la educación superior del país”.
En cambio, propone la comunicación del SUE firmada por Jairo Miguel Torres Oviedo y Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, presidente y vicepresidente del SUE Nacional, se pide al gobierno priorizar la reforma de los artículos 86 y 87.
Por ahora, el Ministerio de Educación guarda silencio, no se sabe si midiendo el ambiente, buscando respaldos o redactando, a escondidas del sector, una propuesta de articulado.
¿Mineducación escuchará a los rectores que piden no correr con la reforma a la Ley 30, ocasionando que la expectativa y emoción de los estudiantes baje?
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana