Han sido grandes aliados ideológicos del “Gobierno del Cambio” y apoyarían al presidente Petro en su intento de reformar la Ley 30 a partir del 20 de julio, aunque no haya aún articulado conocido.
Los diferentes grupos y movimientos estudiantiles, muy variables en sus siglas y denominaciones conforme la manera como nacen, crecen, se reproducen y migran según el acontecer generacional y político, han expresado -los que más figuran actualmente- su explícito deseo de que el Ministerio de Educación Nacional avance lo más rápido posible en la reforma.
Cuentan con el respaldo de asociaciones profesorales como ASPU (que anda feliz con lo que le aprobó el Ministerio de Educación Nacional como producto de la negociación sindical, pese a que -según expertos juristas y analistas- son solo promesas, pues algunas de estas no son viables jurídicamente tal y como se prometieron) y de muchos de los delegados del presidente Petro en los consejos superiores de las IES públicas, que en su mayoría también hicieron carrera como líderes estudiantiles.
Ricardo Moreno Patiño, asesor del Ministerio de Educación, es uno de los ideológicos de las distintas propuestas de reforma, en lo que tiene que ver con la identificación buscada de gratuidad, más democracia, bienestar y reconocimiento de la educación superior como un derecho, entre otros aspectos. Él viene, también, del movimiento estudiantil.
Igualmente cuentan con el respaldo de algunos congresistas que también pasaron por el movimiento estudiantil, como Gabriel -Gabo- Becerra Yáñez, quien fue dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU y secretario de la Juventud Comunista Colombiana JUCO.
Estos distintos grupos han estado muy activos estos días para responder las distintas convocatorias para analizar propuestas de reforma a la Ley 30, realizadas tanto desde del Ministerio de Educación Nacional, como desde la Consejería para la Juventud (Gabriela Posso). La última fue una sesión pública en el recinto del Congreso (foto), promovida por Becerra, del Pacto Histórico, en la que Mineducación también hizo presencia.
En general, estos grupos respiran cierto optimismo y euforia. Consideran que, por fin (según ellos), la Ley les dará la participación deseada para temas como gobierno universitario, que la gratuidad será (casi) plena y el bienestar extendido.
Anhelan que la reforma salga, de conformidad con los deseos del gobierno, lo más rápido posible, aunque no se conozca texto aún.
Y ahí es donde podría complicarse el Ministerio. Primero, porque si radica el texto el 20 de julio le están saliendo muchas voces en contra; segundo, porque no se conoce el articulado y, por obvias razones, el mismo difícilmente podrá recoger todas las peticiones de estudiantes y profesores, además de que entre estos mismos grupos hay diferencia de opiniones frente a ciertos temas y, tercero, porque tampoco está plenamente asegurado que todo el movimiento estudiantil le camine al gobierno como este quiere.
¿Mineducación escuchará a los estudiantes que piden reformar la Ley 30 ya, en contravía de la solicitud de rectores y agencias especializadas del sector para que hayan espacios concretos de análisis, metodología, mayor participación y tiempos de análisis de la reforma?
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana