En política se considera un suicidio no apostar por más educación, cobertura y titulación universitaria, y mejor aún si es gratis, aunque no necesariamente eso se traduzca en mayores beneficios para el país.
Suena paradójico, pero es una realidad. Pretender que el mayor número de jóvenes tengan un título universitario le puede significar al país “dispararse en un pie”, desde el punto de vista de la productividad y la satisfacción social.
Es innegable que brindar la mayor educación posible es una inversión social, mejora la interacción de las comunidades, la tributación, el diálogo intersectorial y al potenciar la capacitación y sensibilización por sobre la intervención y mitigación de fenómenos de descomposición social, contribuye al bienestar nacional.
Si bien es plausible que el Estado apueste a que el acceso a la educación superior pase de ser un bien – servicio a constituirse en un derecho, es una irresponsable política pública comprometer a jóvenes en proyectos educativos de varios años sin la certeza de que el conocimiento y las posibilidades laborales no le garanticen el mejor escenario salarial y social.
Pero en países en los que, como Colombia, tristemente no hay un proyecto de nación que identifique en qué áreas, regiones y niveles de formación se necesitan profesionales universitarios, y que ello sea producto de un gran diálogo nacional entre el Gobierno, el sector productivo y empresarial y las instituciones de educación superior, construir más y más sedes universitarias, no controlar la expansión de IES y de programas, y dejar que el libre mercado sea el que controle la oferta y la demanda, lleva a madurar la “cualificación del desempleo”, a invertir exageradamente recursos fiscales necesarios en otros sectores, y a producir frustración entre miles de profesionales. Existe una carga psicológica pesada cuando se le vende al joven que el título es la garantía de éxito y la realidad choca con la precariedad laboral.
Expandir la cobertura es un objetivo noble, pero hacerlo solo con la obsesión de aumentar las cifras de matriculados, sin pertinencia (es decir, que lo enseñado sirva para el desempeño laboral, la remuneración debida y el impacto en el entorno) y calidad (asegurar que se es el mejor profesional), lleva al riesgo de convertir la universidad en una costosa guardería de adultos que solo retrasa la entrada al desempleo. Una política de aumento de cobertura ajena al contexto de necesidades de ocupación laboral, específica y regional, en articulación con el estado y el sector productivo, se asemeja a llenar de agua una bolsa con pequeños agujeros, y crear una falsa sensación de cumplimiento de objetivos.
El caso Gran Bretaña
En Gran Bretaña, por ejemplo, pese a los apoyos del Estado, se está afirmando que su sistema de educación superior debería reducir en unos 100 mil el número de estudiantes que acceden a la educación superior cada año, que la masificación está llevando a que los egresados deban emplearse por salarios cada vez menores, y a que en el afán por capturar rentas, las universidades estén bajando requisitos de acceso, y de calidad, en sus planes de formación.
Otro aspecto crítico se refiere a los estudiantes que eligen carreras que no ofrecen un aumento significativo (o nulo) en sus ingresos. The Economist señala cómo hace ya seis años, en 2020, el Instituto de Estudios Fiscales, un centro de investigación, analizó datos educativos y de ingresos y concluyó que, tras descontar los gastos, aproximadamente una quinta parte de los graduados estaría en mejor situación económica a lo largo de su vida si no hubieran ido a la universidad. Esto se aplicaba a la mayoría de los graduados en artes creativas y a gran parte de quienes estudiaban agricultura e inglés. Un estudio de 2019 predijo que las personas con títulos en artes creativas solo devolverían alrededor de una cuarta parte del dinero que pidieron prestado.
Hechos que cuestionan el discurso político
No todos los trabajadores necesitan un título universitario porque una economía sana requiere un equilibrio entre conocimiento académico, habilidades técnicas y destreza manual. Si todos fueran universitarios, se produciría un estancamiento en sectores críticos y una devaluación de los títulos. Aunque, la pregunta de casi imposible respuesta es: ¿quiénes no deberían tener título?.
La idea de que “más educación siempre es mejor” suena impecable en un discurso político, pero la evidencia empírica y la teoría económica sugieren que, cuando la expansión ocurre sin planificación ni estándares de calidad, el remedio puede ser más costoso que la enfermedad.
1. Devaluación del Título (inflación de credenciales)
El fenómeno conocido como “Credential Inflation” ocurre cuando un título universitario deja de ser una señal de competencia y se convierte en el “piso” mínimo para empleos que no lo requieren. El sociólogo Randall Collins argumenta en The Credential Society que la educación se asemeja a una “carrera armamentista” donde los estudiantes gastan tiempo y dinero solo para mantener su posición relativa en el mercado, no porque el trabajo sea más complejo.
A diferencia de hace unos años, un título de maestría o de doctorado, ahora es asimilable, laboralmente, a lo que hace décadas era un título de pregrado. En países como España o Corea del Sur, la sobreoferta de graduados ha hecho que puestos administrativos básicos exijan ahora un máster.
También se da el fenómeno de la “Sobreeducación”. Cuando hay exceso de graduados para puestos que no requieren esa formación, ocurre la inflación de credenciales. Esto obliga a personas con maestrías a aceptar trabajos de nivel inicial, generando frustración profesional y salarial.
Según la OCDE (“Education at a Glance 2025“), en Colombia ocurre un fenómeno atípico: la tasa de desempleo es del 10% para quienes solo tienen bachillerato, pero sube al 12% para quienes tienen un título universitario. Esto refleja que el mercado a veces no puede absorber a tantos profesionales.
Así, muchos químicos e ingenieros químicos terminan trabajando como visitadores médicos, periodistas como voceadores de tiendas de barrios, contadores como auxiliares, enfermeros como vendedores de farmacia, y abogados como estafetas, entre otros ejemplos.
Y mientras esto se da, la “larga” titulación tradicional pierde espacio con microcredenciales, moocs y programas cortos. Gigantes como Google y Amazon ya ofrecen certificaciones propias. Un joven con un certificado técnico de Google en Análisis de Datos (6 meses de duración) puede competir por cargos de analista que antes requerían cinco años de ingeniería.
2. Desajuste del mercado laboral (Mismatch)
Titular graduados en masa no garantiza que el mercado tenga puestos para ellos. Esto crea una brecha entre la oferta académica y la demanda productiva, e impulsa el fenómeno de “pull down” de los salarios versus el “pull up” de los requisitos: Cada vez se piden más requisitos para obtener trabajos considerados básicos, como producto de la alta demanda de candidatos, a cambio de menores salarios.
Proporcionalmente, los recién graduados de hoy ganan menos dinero y tienen más dificultad de ubicarse laboralmente que sus antecesores.
Según un informe del Laboratorio de Economía de la Educación LEE (2024-2025) y datos consolidados del Observatorio Laboral OLE, la tasa de retorno promedio en Colombia para un profesional universitario oscila entre el 14% y el 18% anual sobre la inversión. Mientras que las áreas vinculadas a los programas de salud, geología e ingeniería tienen mayor rentabilidad, hay programas con tasas de retorno “negativas” o críticas (es decir, cuando el diferencial de ingresos respecto a un bachiller es tan bajo que el graduado nunca recupera el costo de la matrícula y el tiempo invertido”, como bellas artes y diseño; licenciaturas, educación, psicología, comunicación, agronomía y veterinaria.
Esto afecta la percepción de “dignidad” de la formación universitaria. El fenómeno del “taxista con doctorado” genera una frustración social profunda y una pérdida de retorno de inversión para el Estado y el individuo. Según la OCDE, en varios países de América Latina, hasta el 40% de los graduados universitarios terminan en empleos informales o que requieren competencias menores a las adquiridas (subempleo).
Y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “solo la mitad de los empleados a nivel mundial ocupa puestos que coinciden con su nivel de educación”, lo que sugiere que muchos títulos no están alineados con las necesidades reales de producción.
3. Deterioro de la calidad académica
Cuando la prioridad es la cobertura (cantidad), la calidad suele ser la primera víctima. La masificación dificulta la atención personalizada y la investigación.
En Colombia, aunque en la actual década se ha reformado el Sistema Nacional de Acreditación SNA y los procesos de registro calificado, estos han obedecido más al interés de favorecer la acreditación y prestigio de algunas IES y la oferta masiva, pero no a elevar realmente las condiciones de calidad; y ante la falta de incentivos reales que premien el compromiso con la academia de mayor valor, muchas universidades terminan bajando los estándares de exigencia para evitar tasas de deserción masivas que afectarían sus presupuestos.
Así, por ejemplo, en Brasil, la expansión explosiva de universidades privadas de bajo costo durante la década de 2000 llevó a una generación de graduados con competencias de lectoescritura y razonamiento matemático similares a las de un bachiller de calidad.
4. Insostenibilidad financiera
La expansión “sin límites” tiene un precio que alguien debe pagar: o el contribuyente (vía impuestos) o el estudiante (vía crédito). La gratuidad plena tiene un elevado costo fiscal. Generalmente, son los estratos altos los que más aprovechan la gratuidad, que no necesariamente asegura que se “nivele la cancha” de la diferenciación social, al tiempo que las exigencias (muchas con discurso político) de reivindicaciones estudiantiles son cada vez más gravosas para la hacienda: Beneficios de transporte, bienestar, alojamiento, posgrados…
Esto genera una preocupante, y peligrosa, tensión social, si se deja escalar sin control ni exigencia de contraprestaciones (en servicio social, trabajo voluntario, mayor tributación o generación de emprendimientos de parte de los egresados que estudiaron con subsidios del Estado) y si no hay un real control de los “costos de producción” del servicio – derecho educativo.
A esto se suma la inflación de las matrículas. En EE. UU., por ejemplo, la deuda estudiantil supera los $1.7 billones de dólares. Al haber fondos públicos disponibles (créditos garantizados), las universidades no tienen incentivos para bajar costos, lo que infla las matrículas.
5. Abandono de la educación técnica y vocacional
Un enfoque obsesivo en la universidad estigmatiza las carreras técnicas, que suelen ser las más necesitadas para el desarrollo industrial y la pertinencia en contextos sociogeográficos como acontece en gran parte del territorio colombiano.
Los servicios esenciales (electricidad, plomería, mecánica, infraestructura) dependen de la formación técnica o de oficio, más que de la visión académica. Sin estos trabajadores, los costos de vida suben y la infraestructura del país se deteriora. Un soldador especializado en infraestructuras submarinas o un técnico en energías renovables suele ganar más y tener más demanda que muchos graduados en humanidades.
Mientras que Alemania y muchos países de Europa han evitado la “universitarización” excesiva mediante su sistema dual (parte del tiempo en el aula y otra parte trabajando en empresas, manteniendo la tasa de desempleo juvenil entre las más bajas de Europa), en muchos otros países (incluido Colombia) la descontrolada expansión de la oferta universitaria ha derivado en descrédito cultural y escasez de técnicos especializados (soldadores, programadores, técnicos en energías renovables) mientras sobran abogados y psicólogos.
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En consecuencia, hay una economía menos competitiva y una estructura laboral descompensada. A pesar de que hay más universitarios que nunca, el 72% de las empresas reporta dificultades para cubrir vacantes en oficios manuales y técnicos, según informes de ManpowerGroup, pese a que, según estudios de INACAP, la institución de educación superior técnica y profesional más grande de Chile, un graduado técnico suele recuperar su inversión en educación en unos 7 años, mientras que un universitario tarda, en promedio, 11 años.
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A su vez, el Banco Mundial afirma que los graduados de programas técnicos, en América Latina, ganan hasta un 60% más que quienes solo tienen bachillerato, superando incluso en empleabilidad a los universitarios que no terminan sus carreras. Entre tanto, en Estados Unidos, un electricista certificado o un soldador especializado puede ganar entre $60,000 y $100,000 USD anuales, una cifra superior al salario inicial promedio de un graduado en psicología o artes liberales, y sin la carga de la deuda estudiantil.
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… y si a todo esto se suma que las redes sociales y algunos nombramientos y designaciones del Estado, “premian” con buenos cargos y altos salarios a personas con mínima o nula formación universitaria….
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana