ASPROUL

Si Peña Reyes hubiera seguido como rector su legitimidad seguiría cuestionada, así como ahora lo será la de Leopoldo Múnera, con la diferencia de que el cambio de decisión del Consejo Superior involucra una peligrosa vulneración de la autonomía universitaria.

Hoy celebran los estudiantes y profesores que pararon y respaldaron el nombre de Múnera, pero lo actuado en la Universidad Nacional de Colombia deja más perdedores que ganadores. No se trata solo de la Nacional, sino del impacto político y los coletazos que traerá para el resto del sistema la forma como el gobierno activamente, y por primera vez de esta forma, interviene para poner un rector.

La posesión de Múnera tranquilizará un poco las aguas, pero no las pacificará. Parte de la comunidad universitaria que votó por otros candidatos o no votó (y que sumados son muchos más que los que lo hicieron por Múnera) son una amenaza para la gobernabilidad del nuevo rector, y lo que definan los entes judiciales en próximos días, especialmente el Consejo de Estado, sentará un precedente tanto para la Nacional como para cualquier otra IES pública.

Si se “cae” la actuación del Consejo Superior de este jueves 6 de junio se verá como una reivindicación de la autonomía consagrada en la Constitución y que busca blindar a las universidades de cualquier interferencia indebida de parte del Estado, incluso de malas decisiones internas y de las buenas intenciones del gobierno de turno. Pero si el Consejo de Estado respalda lo hecho por el Ministerio de Educación reconfigurará las relaciones entre el Estado y las IES, el marco constitucional, la ley 30 y toda la autonomía universitaria, y volverá a las IES públicas en apéndices del ministro – viceministro de turno, tal y como se ha visto estos días. Es decir, lo público de la universidad se confundirá con el discurso del gobierno de turno.

Un corte de cuentas de lo actuado hasta ahora en la crisis de la Universidad Nacional, permite el siguiente balance para los actores más representativos:

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Leopoldo Múnera RuizEn principio, quien más puede celebrar ahora. Tras varios años de liderazgo entre los estudiantes y dos frustradas aspiraciones rectorales, logra su propósito de ser rector. Si no era ahora, ya no podía. Por su edad, no podrá aspirar al cargo en 2027 (salvo que se cambie la ley).Si logra superar los diversos escenarios jurídicos, deberá ser muy hábil para ganar el reconocimiento de quienes no lo apoyaron y se sienten afectados por el actuar del Consejo Superior. Además, dentro de las lógicas de péndulo y la corta memoria de los actores políticos y de los diversos movimientos estudiantiles (que ahora lo aplauden), si no es lo suficientemente hábil en lo estratégico, podrá ser víctima de la misma táctica que usó para llegar donde está ahora: Desconocer los acuerdos y reglas de juego de la elección y declararse en desobediencia civil. Además, su rol como aliado, cercano o afecto al gobierno Petro y sus propuestas de constituyente o poder constituyente universitario, y su evolución, o no, pueden volverse un tema de difícil manejo. Recuérdese, a manera de contexto, que la Universidad Distrital lleva más de una década tratando de sacar adelante una asamblea universitaria.
Gustavo Petro UrregoEl presidente se la jugó para “llevarse” la rectoría de la principal universidad pública del país, y por ahora puede cantar victoria, luego de haber perdido su rol como miembro del consejo superior de varias otras públicas en donde había sido derrotado. Su teoría sobre la autonomía y la democracia universitaria y el reconocimiento del poder de las mayorías va triunfando. Aunque Múnera dice no ser petrista, es innegable que le debe al gobierno Petro su posesión, y que -como ya es costumbre el primer mandatario- cobrará el favor y buscará hacer de la Nacional un fortín político en su deseo de avanzar con sus reformas y  de una posible reelección con el apoyo de sus bases, entre ellas los universitarios y la propia Universidad como sede de encuentros y campamentos para los paros y protestas.
José Ismael Peña ReyesAunque, aparentemente, es uno de los grandes perdedores al ser despojado de la rectoría que creía tener con legalidad, podría convertirse en un ganador. En últimas, él solo fue un producto de las circunstancias, pues lo mismo le hubiera pasado a cualquiera de los otros tres aspirantes que llegaron al polémico Consejo Superior de marzo pasado. Peña tiene hoja de vida y experiencia institucional, puede argumentar, con razón, que no lo dejaron actuar y si el Consejo de Estado no lo restituye como rector, puede ser un sólido aspirante a llegar en propiedad al cargo en tres años. Además, económicamente podría salir beneficiado si proceden recursos legales a su favor.
Aurora Vergara FigueroaPuede unirse al grupo de los aparentemente ganadores, aunque con la preocupación de que las instancias judiciales fallen en su contra y puedan sancionarla en materia grave, por la forma como manejó el Consejo Superior, se negó a firmar el acta, no controló tiempos y, cuando se vio perdida, se declaró impedida. Pero independientemente de cómo evolucione el tema, los rectores y el sector se cuestionan cómo su rol de ministra y presidenta del Consejo Superior le invisibilizaron en la autoridad autoridad y orientación deseada para manejar el tema y el sector.
Alejandro Álvarez GallegoEl viceministro de Educación Superior adquirió rol protagónico tras el impedimento de la ministra. Muchos lo reconocen como un buen escudero, porque cumplió su papel. El problema es que ese papel terminó siendo el de desconocer fallos judiciales, tomar abierta posición, manejar el SUE a su antojo y desconocer la lógica sectorial (pese a haber sido rector de la Universidad Pedagógica Nacional, cargo al que llegó después de haber sido designado por el Consejo Superior tras haber perdido la consulta estamentaria). En la práctica, Álvarez Gallego, más que un viceministro técnico, o académico, actúa más como otro funcionario activista del gobierno Petro.
Los Consejeros a favor de Leopoldo MúneraVíctor Manuel Moncayo, María Alejandra Rojas, Laura Quevedo y Danna Nataly Garzón, pueden sentirse satisfechos con el logro alcanzado y haber defendido su causa. Queda la inquietud por su papel más político y académico (es decir, la posibilidad de también salir por vías políticas y no universitarias). En el caso de Rojas y Garzón, reflejan la “nueva sangre” de los designados del presidente en los Consejos Superiores (jóvenes profesionales con poco conocimiento y experiencia en dirección universitaria) y cómo esto puede extenderse a las otras universidades. Moncayo llegó a completar los votos, sin intervención alguna que refleje la dimensión de un exrector académico y con explícitas intencionalidades en el proceso.
Diego Torres (foto), Ignacio Mantilla y Verónica BoteroSon los tres consejeros que, hasta ayer, se enfrentaron a la maquinaria que montó el gobierno para elegir a Múnera. Hoy se ven como perdedores y representantes de un modelo de universidad que, para los ganadores, debería desaparecer. Torres, el más abierto enemigo a la actuación del gobierno, tal vez es quien sale más malherido, bien porque enfrentó a un numeroso grupo de docentes que le cuestionaron su participación, y porque podría ser objeto de una mirada no grata de parte de la nueva administración. Si el Consejo de Estado revierte lo actuado por el Superior, su cielo gris se podría despejar muy favorablemente.Botero fue menos beligerante, pero también deberá enfrentar un panorama complejo. Mantilla, por su parte, como exrector, está por encima en cuanto a los impactos negativos, y tiene el respaldo, por sus actuaciones, de los otros exrectores (como Moisés Wasserman y Fernando Sánchez Torres).
La Universidad Nacional de ColombiaClaramente el conflicto superó las fronteras de esta institución y le mostró al país que esta Universidad, autoidentificada como faro orientador de la patria, en la práctica es incapaz de serlo, pues ni ella misma puede autodeterminarse con criterio y responsabilidad (reconocido por sus propios actores). Hoy puede seguir hablando, con el respaldo del gobierno, de su grandeza, pero en el fondo lo que pasa en la Nacional es un reflejo de la crisis del sistema universitario del país, de la inequidad en la asignación de recursos, de los problemas en la representaciones y consejos superiores y de la falta de una mirada más escrutadora de parte de la sociedad hacia sus universidades. Por ser a más grandes, la que más atención y recurso recibe también debe ser, al mismo tiempo, la que mejores resultados (de transparencia en la gestión y de impacto social, más allá de los académicos) debe dar.
El Sistema Universitario Estatal SUEEs uno de los grandes perdedores de esta situación. Su silencio, complicidad con el Ministerio y ausencia de criterio público para hablar sobre lo que pasó con la Nacional, le puede costar mucho. El miedo a perder recursos del Estado o a que no les abran procesos de inspección y vigilancia es mayor a su peligrosa complicidad con la violación de la autonomía universitaria que, el día de mañana, les puede cobrar la cabeza a varios de estos rectores. Desde su constitución, mediante la Ley 30/92, el SUE no ha logrado consolidarse como debe ser, y más allá de pedir recursos al Estado. Está en mora de reconfigurarse en su estructura, gobierno y liderazgo sectorial.
El Consejo Nacional de Educación Superior CESUComo de costumbre, en este y en todos los temas esenciales de política pública, el CESU peca por su silencio. Tanto, que para el sistema es como si no existiera. El punto es que el CESU terminó siendo actor determinante en lo acontecido con la Nacional, pues fue quien eligió a Víctor Manuel Moncayo somo su delegado (pro Leopoldo Múnera, quien fuera su vicerrector de Sede cuando Moncayo fue rector, tras la finalización del periodo de Humberto Rosanía, pro Peña Reyes). Paradójicamente en el mismo CESU participa el rector de la Universidad Nacional de Colombia, lo preside el viceministro Alejandro Alvarez y participan, a nombre de las universidades públicas, rectores como Ivaldo Torres Chávez. Lo curioso es que es el CESU el que ha liderado debates académicos sobre gobernabilidad universitaria, pero su impacto, más allá de los acuerdos sobre acreditación institucional, es nulo.
Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior ACIET y Asociación Colombiana de Universidades ASCUNConforme su responsabilidad, estas asociaciones advirtieron al país el riesgo de que pasara lo que pasó, coherentes con su defensa de la autonomía universitaria. No jugaron del lado del gobierno, y podrían estar preocupadas por el impacto y la fuerza que el gobierno Petro quiera dar para meter presión al sector, pero se constituyen en una voz de esperanza para los defensores de la autonomía que permita a la Universidad (como institución social), sobrevivir a cualquier gobierno.

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.

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