Pese a la demora en concretar la radicación de los proyectos de ley y de oficializar cómo operarán los prometidos 500 mil nuevos cupos, el gobierno sigue trabajando en ello. No obstante, la duda sobre si serán una realidad sigue en el aire.
Frente a las tres propuestas de reformas educativas (Ley Estatutaria, nueva Ley 30 y Reforma del ICETEX) , el último anuncio ha sido el de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, quien ha señalado que este jueves 7 de septiembre radicará en el Congreso de la República, con la compañía del presidente Gustavo Petro (en la foto los dos), la propuesta de Ley Estatutaria que busca considerar la educación como un derecho.
Igualmente ha señalado que la reforma a la Ley 30 se radicará “después”, sin concretar fecha, así como tampoco se sabe cuándo y cómo será el trámite de la propuesta de reforma al Icetex.
Con respecto al anuncio de los 500 mil nuevos cupos que el gobierno ha dicho que (como lo consignó en el Plan Nacional de Desarrollo) dará a las IES públicas (no a las privadas), lo cierto es que ya avanza el tercero de los ocho semestres académicos que cubren el cuatrienio del mandato de Gustavo Petro y el programa (apalancado desde Mineducación bajo el programa de “Universidad en tu Territorio“) no arranca aún y el sector desconoce cuándo y cómo lo hará. Por ahora, tras el pedido de la ministra, los rectores de las IES públicas y sus equipos avanzan en desarrollo del llamado Plan Integral de Cobertura -PIC, para tratar de identificar la posible distribución de cupos.
Ley estatutaria va de primero
Sin los plenos consensos y convicciones sectoriales al respecto, pero con un aparente gran respaldo nacional a la apuesta del gobierno de impulsar una ley estatutaria, favorecer el acceso y la universalidad de la educación en todos sus niveles, el Ministerio de Educación va en un segundo texto borrador de la propuesta que radicará en el Congreso de la República , y que, más allá de los reparos a la redacción o algunos de sus artículos, recoge la apuesta ideológica – programática del gobierno del presidente Petro, por encima -incluso- de la propia reforma de la Ley 30 de 1992.
Aunque el deseo de favorecer la educación para todos contaría con un favorable respaldo público, y la educativa es una de las grandes reformas anunciadas por este gobierno que tendría un tránsito más positivo en el Congreso de la República (si se le compara con las reacciones públicas, mediáticas y políticas que han tenido las reformas a la Salud, Pensional y Laboral), el contexto actual del Ejecutivo y el panorama electoral del país, podrían complicar la aprobación, en esta legislatura, de la ley estatutaria.
En efecto, muchos dan por hecho la dificultad que tendrá el gobierno para tramitar sus reformas (cualquiera) en la presente legislatura dada la campaña política y las elecciones del próximo 29 de octubre, pues los congresistas aumentan el abstencionismo y su atención por andar en sus regiones en labores proselitistas.
Vale recordar que para poder aprobar la Ley Estatutaria, se necesita que esta se dé en una sola legislatura, con cuatro debates y con mayorías absolutas en ambas cámaras, lo que complica el panorama. Asimismo, no se puede desconocer las situaciones políticas del actual gobierno, con una mayoritaria opinión pública en contra y caracterizado por permanentes crisis, lo que podría espantar posibles apoyos a la reforma educativa.
Además, porque la ley estatutaria entrará por las comisiones primeras, las constitucionales, y no las sextas, de educación, y allí es donde están -especialmente en el Senado de la República- los congresistas más críticos del gobierno. Crítica que muchos justifican en el hecho de que el proyecto de ley estatutaria, más allá de sus bondades, carece de una debida justificación técnica sobre el cómo se va a financiar el acceso universal y la gratuidad, en momentos en los que se habla de preocupantes síntomas de recesión y de escasez de recursos del Tesoro Nacional.
Con este panorama, el gobierno espera convencer a la opinión pública, y en especial al Congreso, de que su Ley Estatutaria tiene un amplio respaldo nacional. Por eso, más allá del trabajo con el sector (que en general está de acuerdo con la iniciativa, porque en el fondo está más preocupado por la financiación y la Ley 30), la ministra Vergara ha enfocado sus esfuerzos a buscar (por lo menos a través de reuniones y testimonios) apoyos de estudiantes, empresarios, congresistas y otros sectores.
Reforma a la Ley 30 de 1992
Por ahora, la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 parece estar “en remojo”.
Si bien el Ministerio ha venido avanzando en el tema, y circulan algunas ideas entre rectores, su articulado parece estar muy lejos de la versión que finalmente se radicará.
La preocupación esencial está en la Estatutaria, pues su impacto es más político, mediático e histórico que la Ley 30, que termina siendo más específica para el sector y de menos interés para la Presidencia. Además, porque el debate de la Ley 30 es más complejo y técnico y no cuenta con la plena convicción sobre si su enfoque, áreas de cobertura y propuestas realmente responden a lo que se necesita, y parte de su orientación depende de si avanza o no la estatutaria.
Además, porque en el Ministerio de Educación no se percibe el liderazgo para desarrollar debates al respecto, más allá del respaldo político que pueda tener, y porque llama la atención que en un momento de tanta importancia para el futuro de la gestión de la ministra de Educación, ésta lleve más de un mes con viceministro de Educación Superior (e), Wilfer Valero, cuando necesita un líder que tenga los atributos necesarios para orientar la debida interlocución con el sector, manejar los debates que se vienen en el Congreso y tener más fuerza mediática que la propia ministra.
A propósito de viceministro(a), en medios se ha especulado en torno de dos nombres: El asesor Ricardo Moreno, quien “ha estado detrás” de todo el proceso, y con visibilidad entre rectores pero poco en lo mediático, y de quien se cree que puede ser muy radical en el debate político; y la consejera presidencial de la Juventud, Gabriela Posso, quien ha estado al frente de diversas reuniones de estudiantes para las reformas educativas y quien la semana pasada dirigió una “mesa técnica con miembros de la Fuerza Pública en el marco de la reforma a la Educación Superior en el país… por directriz del presiden Petro”, y en la que no hubo presencia protagónica del Ministerio de Educación.
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.