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Sin sueldo y sin funciones, Malo enfrentará votación en el Congreso

Diario Semana.

Los 30 millones de pesos de sueldo que devenga el magistrado Gustavo Malo quedaron congelados por cuenta de una decisión de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. El magistrado de la Sala Penal -que afronta cargos como integrante del cartel de la toga- fue suspendido de sus funciones, cuando por mayoría los magistrados decidieron aplicar un artículo recientemente creado en el reglamento, en el que se permite que quien afronte graves acusaciones de corrupción sea apartado de su despacho.

Aunque esta norma lo alejaba del Palacio de Justicia, lo cual le daba tranquilidad a su colegas, despertó controversia porque seguía devengando su salario normalmente. El antecedente a esta situación es que Gustavo Malo logró acumular 80 días de incapacidades médicas y con ello se aseguró varios meses de sueldo, sin que hace por lo menos 6 meses haya pisado la Corte Suprema de Justicia.

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Solo lo hizo el pasado 3 de abril para cumplir con una dilatada citación de sus colegas, que lo esperaban en Sala Plena para escuchar sus descargos y tomar la decisión de apartarlo del máximo tribunal penal.

Pero esta semana, las cosas cambiaron. La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial decidió mediante una interpretación jurídica acabar con esta vena rota y suspender los pagos mensuales al magistrado. La decisión se basó en el decreto 1083 de 2015, que establece que el pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente prestados.

También se tuvo como referencia una sentencia del año 2001 emitida por la Corte Constitucional, en la que se establece que “no existe en cabeza del servidor público el derecho a la remuneración por los días no laborados sin justificación legal y por ende, tampoco surge para el Estado la obligación de pagarlos”. Dicha providencia asegura que pagar acarrearía responsabilidades penales y disciplinarias, por lo que se debe proceder al descuento o reintegro de las sumas canceladas por servicios no rendidos.

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La decisión le cae como un baldado de agua fría al magistrado, que esta semana enfrenta otra batalla en el Congreso. En la Cámara de Representantes se estudia la ponencia que pide quitarle el fuero para acusarlo por cinco delitos ante la Corte Suprema de Justicia. Por tratarse de un magistrado de la Sala Penal Corte Suprema, que investiga congresistas, la discusión hasta ahora se ha concentrado en resolver una avalancha de impedimentos.

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