Las ayudas del Gobierno, con 8,7 millones de beneficiados

Aún así, expertos plantean que a esos programas les quedan varias tareas pendientes para amortiguar el golpe de la pandemia en los más vulnerables.
 

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), con corte al quinto giro realizado en septiembre, el Gobierno ha llegado a 1,7 millones de personas con Colombia Mayor, a 3 millones con Ingreso Solidario y a 1 millón de personas con la Compensación del IVA.

Para el caso de Familias en Acción, entre giros ordinarios y extraordinarios, han impactado a 2,6 millones de hogares y con Jóvenes en Acción se han transferido recursos a 425.402 personas en lo que va del año.

Según las cuentas del DPS, esos cinco programas sociales han desembolsado $11,9 billones este año, que para el caso de Ingreso Solidario y los giros extraordinarios de Familias y Jóvenes en Acción provienen de recursos adicionales que asignó el Gobierno a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

En ese sentido, cabe resaltar que Ingreso Solidario fue creado en el marco de la pandemia con el fin de solucionar el problema urgente de familias que quedaron sin ingresos por cuenta de la crisis.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que fue la entidad que estructuró el proyecto, este programa le envía ayudas de $160.000 mensuales a familias vulnerables e inicialmente iba hasta mitad de este año, pero se extendió hasta junio de 2021.

El otro programa nuevo fue la Devolución del IVA, que aunque ya se había planteado con la Ley de Crecimiento de finales de 2019, se empezó a implementar por cuenta de la pandemia. La intención de esa iniciativa es compensar ese impuesto que pagan los hogares pobres y vulnerables en algunos productos, por lo que se les giran $75.000 a esas personas cada dos meses.

Con una caída dramática del empleo y de la producción, que llevó al país a una contracción del PIB de 15,7% para el segundo trimestre, así como una tasa de desempleo que tocó el 20%, varios analistas han llamado la atención sobre la necesidad de buscar salidas para evitar que más personas caigan en la pobreza o en la vulnerabilidad.

De hecho, hace un par de meses el Dane actualizó la metodología para medir la pobreza monetaria y extrema y reveló que el porcentaje de personas en esa condición creció 1 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente en 2019, lo que representa un desafío mayor ante los efectos de la crisis. Concretamente, para el primero el dato ascendió a 35,7% y para el segundo llegó a 9,6%.

Ante ese panorama, centros de estudio y de pensamiento, como Fedesarrollo, han hecho algunas estimaciones de cómo quedaría la foto de pobreza al cierre de este año.

Según Jairo Núñez, investigador de esa institución, contando los impactos positivos de las transferencias monetarias en los hogares, el país podría terminar con una pobreza monetaria de 44,1% y extrema de 12,1% para el cierre de este año.

Eso significa que el país tendrá 4,2 millones de nuevas personas ganando menos de $327.674 mensuales, que es la línea de pobreza monetaria, para alcanzar 22 millones de colombianos en esa situación.

Además estima que habrá 1,3 millones de nuevas personas que ganan menos de $137.350 mensuales, que es la línea de pobreza extrema, por lo que ese número subiría a 6 millones de colombianos.

EL RETO QUE SE VIENE

Ahora bien, ese nuevo retrato de la pobreza y los hogares vulnerables configura un reto para los programas de protección social, así como la política en esa materia que tiene el país, teniendo en cuenta que habrá necesidades más pronunciadas como el acceso a la salud, educación o una pensión.

Precisamente, varios han planteado la posibilidad de unir todas las transferencias monetarias en un solo monto y crear una renta básica garantizada. Otros han puesto sobre la mesa la posibilidad de dejar permanente Ingreso solidario, con un monto un poco mayor y con mayor cobertura.

Para el economista Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, en el corto y mediano plazo se debería pensar en que las transferencias pasen por un proceso de convergencia, con el fin de incluir la nueva información de beneficiarios y los nuevos pobres que ha dejado la pandemia.

“Colombia ya tiene la base de datos, la tecnología y la experiencia para empezar a pensar en tener un ingreso mínimo garantizado. Es decir, focalizado en población pobre y vulnerable y parametrizado en capacidad de pago. Pero antes se tiene que hacer una revisión del ecosistema del sistema de gasto social, y de ahí tomar decisiones en ese sentido”.

En esa línea, Sandra García, profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y Ph.D. en política social, transitar hacia un ingreso mínimo garantizado puede ser una buena salida en el mediano y largo plazo pero, coincide con Angulo, se debe revisar las necesidades del sistema de protección social y adaptarlo a las nuevas necesidades.

Finalmente, Núñez plantea que unir todas las transferencias monetarias puede ser una buena salida, pero será clave que haya unas condiciones para evitar que haya “una trampa de pobreza, en la que esas familias también busquen empleo, estudien y encuentren mayores oportunidades. Es decir, hay que diseñar muy bien un sistema de emprendimiento, formación para el trabajo y servicio público de empleo para sacar a estas personas de su situación”.

LAS LECCIONES DE BOGOTÁ

Al comienzo de la pandemia, en Bogotá se desplegaron varios esfuerzos para tener una renta básica garantizada a través del Sistema Bogotá Solidaria en Casa, en la que se giraron $240.000 a hogares vulnerables con recursos de la Nación y la Alcaldía de Bogotá y llegaron a 790.978 personas, con corte al cuarto giro de pagos.

Para Angulo, quien fue parte del proyecto en los primeros seis meses, explica que una de las lecciones fue haber podido complementar las bases de datos de la Nación para llegarles a esas personas que estaban siendo afectadas por la crisis, pero que no estaban identificadas previamente como pobres o vulnerables. “Una focalización en tiempo real como esa es la punta de lanza para la renta básica del futuro”.

Fuente: Diario Portafolio
Por: María Camila González Olarte