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La otra cara de una negociación larga y difícil. ¿Quién le teme a la verdad en Colombia?

Después de tres años de complicadas negociaciones, primero en Noruega y luego en Cuba, las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc parecen encaminarse hacia una solución definitiva. Pero una paz duradera exigirá profundas reformas estructurales en el país.

 

¡Tres años! Hace ya más de tres años que se abrieron formalmente, en Noruega, las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese día, el 20 de octubre de 2012, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, declaró como preámbulo, en nombre de la guerrilla más vieja de América Latina: “Hemos venido a Oslo desde el Macondo (1) de la injusticia, con un sueño colectivo de paz y una rama de olivo en las manos”.

Atento a poner la vara a la altura adecuada y recordar las causas de la lucha armada iniciada décadas antes –un conflicto de naturaleza económica, política y social–, el comandante reclamó “cambios estructurales” y excedió claramente el orden del día decidido durante los encuentros secretos organizados desde hacía meses (2). A lo que el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, respondió: “Para discutir la agenda minera y energética [eje central de las políticas neoliberales del poder], las Farc tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones”. Antes de poner presión sobre los insurgentes se pronunció sobre la duración de las tratativas: “Va a ser un proceso rápido y eficaz. Un proceso que se va a medir en meses y no en años”.

Antes de estas negociaciones –que desde noviembre de 2012 tienen en La Habana sus cuarteles definitivos (3)– estas dos partes habían sostenido diálogos. La más esperanzadora, y acto seguido más desesperanzadora, tuvo lugar bajo la presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986). La historia merece ser recordada. Un alto el fuego bilateral pactado durante los acuerdos de La Uribe, el 28 de marzo de 1984, permitió la creación de un partido político, la Unión Patriótica (UP), que reunió a los militantes de diversas izquierdas no armadas, a los que se les sumaron numerosos guerrilleros de las Farc desmovilizados para la ocasión. Los otros esperaron, al pie del cañón, el desarrollo de los acontecimientos. Que, desafortunadamente, terminaron muy mal. Después de haber resultado electos 14 senadores, 20 diputados, 23 intendentes y más de 3.000 consejeros municipales en 1986, los militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP fueron exterminados por los ultras del ejército y los paramilitares: 4.000 muertos, entre los que se contaban dos candidatos a las elecciones presidenciales, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo (1990) (4). Combatiente insurgente que había vuelto a la vida civil, elegido diputado por Caquetá, Iván Márquez, como muchos otros, volvió a la clandestinidad a fines de los años 1980. No por capricho, ni por amor a la violencia o las incomodidades de la selva, sino por simple necesidad de supervivencia.

Después de eso, las negociaciones conocidas como “del Caguán” (5), entre octubre de 1998 y febrero de 2002, durante la presidencia de Andrés Pastrana, fueron “improvisadas y desprolijas”, estima Jean-Pierre Gontard, emisario suizo que participó en las mismas en representación de su gobierno. “Eso les convenía a los dos partidos. Por un lado, el poder necesitaba tiempo para concretar el Plan Colombia con Estados Unidos (6). Por el otro, para las Farc, que habían crecido muy rápido, se trataba de poner una pausa para formar cuadros y descansar”, señala Gontard. En esas sesiones prácticamente no se siguió ningún orden del día. “Nos subíamos a una avioneta en San Vicente del Caguán para ir hasta el lugar de la reunión, y el comisario de paz nos decía: ‘Bueno, hoy tal vez vamos a hablar de esto…’ . Y no necesariamente se hablaba de eso”. La guerrilla había pedido que en las reuniones participaran militares: “El gobierno designó a un general retirado que durmió durante la mayor parte de las reuniones… ¡hacía mucho calor!”, cuenta Gontard.

 

Ahora sí

Llevadas a cabo bajo la égida de dos países garantes, Cuba y Noruega, y de dos acompañantes, Chile y Venezuela, las negociaciones actuales se desarrollan en un contexto completamente distinto. Para las élites económicas “modernas” que representa Santos, se vuelve más realista buscar la paz por otra vía más que por un enfrentamiento sin salida: aunque se debilitó en estos últimos años, la guerrilla no fue vencida militarmente. Para las Farc tampoco se perfila ninguna perspectiva de victoria. Desde noviembre de 2012 se discute cara a cara. La Habana garantiza la organización, Oslo financia, Santiago no hace gran cosa y Caracas les permite a los rebeldes pasar por su territorio para ir a Cuba. Siempre según Gontard, nunca las condiciones fueron tan favorables, porque “los representantes presentes en la isla son en parte los que participaron en las negociaciones precedentes, de manera que, en términos de experiencia, hay una especie de capitalización”.

Haciendo tambalear los cálculos del gobierno, que preveía una “negociación express” y una paz arrancada al término de una carrera contra el reloj que favorecería, sin redistribución ni transformación, el crecimiento de la economía neoliberal, las Farc, aunque renunciaron a sus reivindicaciones más radicales, siguen exigiendo reformas para dejar los fusiles a un lado. Por más penosa que le pueda parecer esta constatación, el poder tiene que transigir. De los cinco puntos de negociación de la agenda –“reforma rural integral”, “participación política”, “culturas ilícitas y narcotráfico”, “justicia y reparaciones a las víctimas”, “desarme”–, sobre los tres primeros ya se llegó a un acuerdo. Nadie conoce el tenor exacto del mismo, ya que las dos partes implicadas convinieron en que “no hay nada cerrado hasta que no esté todo cerrado”. Para que no se trabe el proceso, una cierta cantidad de puntos en litigio quedó “en pausa” y va a tener que ser resuelta al final. Entre esos puntos figura la supresión de los latifundios, una exigencia de las organizaciones campesinas que se agrupan en la Cumbre Agraria.

Según el Censo Nacional Agrario que se hizo público el 11 de agosto de 2015, el 69,9% de las propiedades agrícolas de menos de 5 hectáreas ocupan el 5% de las superficies; los dominios de más de 500 hectáreas, concentrados en las manos del 0,4% de los propietarios, representan el 41,1% de los 113 millones de hectáreas que se censaron. Ese es el corazón del problema. Sin embargo, mientras que las organizaciones populares ponen el acento en Zonas de Reserva Campesina (ZRC) (7), defendidas también por las Farc en la mesa de negociaciones, el poder está a favor de la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), asociaciones asimétricas de pequeños campesinos con grandes empresas que les prometen a los primeros sólo el rol de asalariados, sometidos y subyugados, de la agroindustria. Al mismo tiempo, el gobierno elabora un nuevo proyecto de ley sobre los “baldíos”, que escamotea la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. Y cuando la protesta se transforma en manifestación, llueven bastones y gases lacrimógenos, seguidos de arrestos, condenas por “rebelión” y encarcelamiento de menores –acusados, por lo general sin razón, de tener lazos con las Farc o con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), otra organización armada que opera en el país. Centenares de presos políticos se suman así a los prisioneros de guerra (alrededor de 9.000 personas).

 

Negociar como si no hubiera guerra

La paz o la búsqueda de la paz pueden ser la continuación de la guerra por otros medios, y la burguesía se las propone sólo si favorecen sus intereses. “Lo que se discute en Cuba –confirma de hecho en Bogotá el historiador y sociólogo Sergio Arvoleda– paradójicamente no tiene influencia directa en la vida cotidiana del país.” Queriendo ser optimista, sin embargo agrega: “Desde un punto de vista histórico, lo que pasa igual representa un profundo cambio. Cada día que pasa, las decisiones tomadas en La Habana abren un camino que se puede consolidar”.

En varias oportunidades, las Farc anunciaron y respetaron un alto el fuego unilateral, haciendo caer de manera espectacular la cantidad de personas asesinadas en los combates (8). Sin embargo, no obtuvieron su contrapartida por parte del poder, por lo que la presión militar sigue siendo la prioridad. De lo que resulta una sucesión de dramas, con orígenes que suelen ser confusos, donde cada uno acusa al adversario cuando caen soldados o guerrilleros; crisis inevitables mientras el gobierno siga imponiendo negociar como si no hubiera guerra y seguir combatiendo como si no hubiese negociaciones. No obstante, bajo la amistosa presión de los países garantes y acompañantes, así como también de sectores progresistas y movimientos sociales, inquietos por la degradación del proceso, las Farc anunciaron una vez más un alto el fuego unilateral el 12 de julio pasado, algo que le volvió a dar oxígeno a una negociación cuya llama se estaba apagando. Como respuesta, y como adepto de la desescalada parcial, Santos sólo ordenó, el 26 de julio, la suspensión de los bombardeos.

“A medida que las conversaciones avanzan y que la opinión pública ejerce presión, en un contexto político muy complicado, el proceso de paz entra en una fase que exige una aceleración forzada”, nos explica, con pedido de anonimato, una fuente no latinoamericana directamente implicada en la negociación (cada una de las dos delegaciones cuenta con numerosos consejeros y expertos civiles y militares, nacionales y extranjeros). Habilitado por su predecesor de extrema derecha Álvaro Uribe y su gente de confianza, opuestos a cualquier negociación mientras los “terroristas” no se “rindan”, pero también por los medios (que están a favor de la paz, pero que son violentamente hostiles con los rebeldes), ¿no se mostró el presidente Santos un poco imprudente al establecer el 26 de marzo de 2016 como fecha límite de las discusiones? Volviéndolas todavía más complejas, miembros de las dos delegaciones asistidas por sus expertos integraron cuatro subcomisiones para progresar a marcha forzada en los temas más delicados: “justicia transicional”, “presos políticos”, “género y niños”, “abandono de armas y alto el fuego”.

Esta última subcomisión la componen oficiales activos del ejército y comandantes del ala militar de las Farc, de la cual todos los bloques (9), incluso los que están considerados como los más duros, tienen un representante en la capital cubana, lo que corta en seco los rumores acerca de posibles divisiones en sus rangos. “La guerrilla muestra una cohesión impresionante –retoma nuestro observador–. Tiene problemas para informar a sus tropas, porque el ejército intercepta sus comunicaciones, pero, a lo largo de este último período, las tuvo constantemente al corriente y llevó a cabo cambios impresionantes, reemplazando muchos comandantes del frente y cuadros medios de perfil ‘militar’ por homólogos más ‘políticos’.” Y, el 23 de septiembre, ocurrió el milagro…

“Fue un acontecimiento –sonríe Jahel Quiroga, sobreviviente de la Unión Patriótica y responsable de la organización de defensa de los derechos humanos Reiniciar–. Por la mañana, Santos había avisado que iba a anunciar una gran noticia y que, por primera vez, iba a ir a La Habana. Por lo que estábamos pegados a TeleSur (10) en internet, porque nuestros canales de televisión, RCN, Caracol, sólo informan acerca de lo que dice el gobierno y cortan la transmisión apenas empiezan a hablar los representantes de la guerrilla.” Ese día, fue efectivamente desde la capital cubana que el jefe de Estado colombiano y el número uno de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, anunciaron haber llegado a un acuerdo en la cuestión de la justicia y el derecho de las víctimas; para muchos, un punto sin vuelta atrás. Intercambiaron un apretón de manos histórico, bendecido a su manera por un encantado Raúl Castro.

De acuerdo con el Centro Nacional de  Memoria Histórica, la tragedia colombiana se cobró 218.094 muertos (el 19%, combatientes) y provocó el desplazamiento forzado de 5.712.506 personas entre 1958 y 2012 (11). Cuenta curiosa, por cierto, que excluye las 200.000 víctimas caídas entre 1948 y 1954, durante la espantosa guerra entre conservadores y liberales que pasó a la historia como “La Violencia”. Este período había llevado a los comunistas y, temporalmente, a los liberales, a organizar grupos de autodefensa en el
campo; grupos de los cuales, ulteriormente, al intensificarse la represión, surgieron las Farc. Sea como sea, los hechos están ahí, por más maneras que existan de presentarlos, y tantas otras de recibirlos. Algo que el presidente Santos presintió cuando anunció, como si caminara sobre huevos: “No todo el mundo va a estar contento, pero estoy seguro de que con el tiempo todo va a ir mejor, y poco importa que queden algunos descontentos. A nadie se lo puede satisfacer totalmente, y el cambio va a ser muy positivo” (12).

 

Pretensiones absurdas

Ninguna de las partes llegó a la mesa de negociaciones con las manos limpias. Existe una clara división entre las zonas rurales, afectadas por el conflicto, y los centros urbanos, “que no entienden lo que pasa”, Arvoleda dixit; los imaginarios de unos y de otros no son los mismos. “El país está totalmente polarizado, ayudado en ese sentido por los grandes medios, que falsifican la historia y distorsionan la verdad –resume Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz. Su mensaje no es un mensaje de reconciliación o de tolerancia; alimentan las divisiones. Los partidarios de la paz están acorralados.” Para toda una corriente de opinión marcada a fuego por Uribe o por su fiel servidor, el procurador general Alejandro Ordóñez, la única cuestión que vale es saber por cuánto tiempo los jefes de los “terroristas” van a estar privados de vida política y encarcelados.

Sólo que nunca se vio, en ningún lado, que los dirigentes de un movimiento de oposición armada no vencido firmaran la paz para verse a sí mismos, apenas recuperado su traje de civil, detrás de las rejas, o para ser extraditados a Estados Unidos. El hermano del jefe de Estado, Enrique Santos, que tuvo un rol importante en las primeras tratativas con los rebeldes, intenta darle un nuevo marco al debate: “Este proceso no apunta a castigar a las Farc, sino a terminar con una guerra que provocó mucho daño y destrucción” (13). De la misma manera, el senador Antonio Navarro-Wolf, ex comandante amnistiado después de que la guerrilla del M-19 abandonara las armas en 1990, informó que “la participación política es el corazón de todos los procesos de paz negociados en el mundo y en nuestra historia; de todos, sin excepción” (14). Habiendo partido de una postura selectiva, punitiva, unilateral, asimétrica, el gobierno y sus negociadores tuvieron que tomar en cuenta esta realidad.

La reflexión no fue menos difícil para los simpatizantes de la guerrilla o para los sobrevivientes de la UP, por ejemplo, como Jahel Quiroga: “La guerrilla nació a causa de la exclusión política y la imposibilidad de responder a las aspiraciones del pueblo por vía democrática. Las violaciones más graves de los derechos humanos fueron cometidas por el Estado y por los paramilitares; no se puede establecer un paralelismo”. En cuanto a los guerrilleros, de los que nadie olvida las ejecuciones extrajudiciales o los secuestros en serie, “la tarea fue ardua –cuenta nuestro testigo de primera línea– cuando se trató de hacerlos evolucionar en su razonamiento”. Un razonamiento que el comandante Jesús Santrich todavía expresaba el 1º de septiembre de 2015 al declarar: “En tanto insurgentes, no vamos a cumplir ni un segundo de prisión. La rebelión es un derecho universal que nosotros hemos ejercido, por el cual no manifestamos ningún arrepentimiento y por el que no admitimos ninguna sanción” (15).

Las discusiones fueron muy rudas, particularmente durante la visita de la ponente de Naciones Unidas sobre las violencias sexuales, o cuando se abordó el tema de los reclutamientos forzados. “El primer punto los guerrilleros lo rechazaron en bloque: argumentan que son muy estrictos en su reglamento interno y que, si existieron casos de ese tipo, en ningún caso se trata de una política deliberada. En cuanto al concepto de reclutamiento forzado, en su lógica no existe. Consideran que en las zonas rurales ellos son el Estado: ‘O venís con nosotros o morís de hambre’.” A fin de cuentas, los comandantes insurgentes también tuvieron que evolucionar. Estos dos temas, muy sensibles para ellos, serán mencionados en el acuerdo. “Su conclusión fue: ‘De acuerdo, confirmamos que no es una política de las Farc, pero si alguien está implicado en este tipo de crimen deberá responder a título personal’.”

Gobierno y rebeldes anunciaron la creación de una jurisdicción especial para la paz y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluye a una Comisión de la Verdad considerada de la mayor importancia. Cuando una guerra termina, dejando detrás de sí una estela sangrienta de crímenes y de exacciones, la restauración del Estado de Derecho supone como prioridad un derecho a la memoria: conocer los crímenes cometidos, sus autores, saber qué fue lo que pasó. También existe una obligación moral, una necesidad social todavía más imperiosa: identificar y nombrar a las víctimas. Y otorgarles una reparación. Pero cuando el objetivo principal es pasar del conflicto al posconflicto, de una “sociedad caótica” a una “sociedad apaciguada”, poniendo en juego miles de vidas futuras y el destino de una nación, todo eso no necesariamente pasa por el casillero “prisión”. Es lo que se conoce como la justicia restauradora o justicia de transición.

 

Qué es la justicia restauradora

La jurisdicción especial por la paz va a contar con salas de justicia y un tribunal por la paz, ambos compuestos en su mayoría por magistrados colombianos, así como también por algunos especialistas extranjeros altamente calificados. Van a ser juzgados todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado y están implicados en “crímenes graves”: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Va a haber dos tipos de procedimientos: uno para los que exponen sin desvío los hechos y su responsabilidad (de cinco a ocho años de “restricción de las libertades”, en un perímetro limitado), y otro, con una pena que puede llegar a los veinte años de cárcel, para los que no lo hagan o lo hagan de manera tardía. Las personas acusadas de “crímenes políticos o conexos” –todavía no definidos, pero susceptibles de cubrir los secuestros y la implicación en la cadena de narcotráfico, destinados a financiar la economía de guerra– se van a ver beneficiadas por una ley de amnistía.

Todos los que creían haber terminado con una guerrilla subterránea están estupefactos. Todos colorados y con los ojos como platos, los partidarios de la guerra a ultranza, los mismos que permitieron condenas insignificantes por los crímenes de los paramilitares gracias a la Ley de Justicia y Paz firmada por Uribe en 2005, se desatan contra semejante “impunidad”. El ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) estima incluso que Colombia está siguiendo el camino como para transformarse, insulto máximo, en Venezuela. Porque lo peor está por venir. En efecto, al forzar a los colombianos a enfrentar un pasado doloroso y verdades molestas, ejercicio al cual muchos no tienen ninguna gana de entregarse, el acuerdo va más allá de la clásica acusación de los actores armados –guerrilleros, militares y paramilitares–, cara a las “sociedades civiles” y a los profesionales de la defensa de los derechos humanos. Se espera que todos los actores implicados en el conflicto respondan por sus propios actos ante la Comisión de la Verdad, incluidos los “no combatientes”. Lo que promete un descenso a los bajos fondos de las cloacas y las alcantarillas…

¿En nombre de qué doble parámetro, en efecto, se les podría pedir a las Farc que rindieran cuentas (y mañana al Eln) sin hacer lo mismo con la oligarquía tradicional, los partidos políticos, los altos funcionarios, los empresarios, los ganaderos, los terratenientes o las multinacionales, cuyos lazos con la injusticia social y/o las milicias de extrema derecha fueron comprobados miles de veces? ¿Se puede exonerar a los que sacaron provecho del despojo de tierras, de los desplazamientos forzados o del tráfico de influencias en el marco de la administración de la justicia?, ¿a las estructuras criminales detrás de los ejecutantes? ¿Cómo ocultar el rol preponderante de Estados Unidos en la persistencia del conflicto, desde el general William Yarbourgh, quien, en 1962, sugirió organizar grupos paramilitares, hasta William Clinton y George W. Bush, los financistas del Plan Colombia? Consejero jurídico de las Farc por invitación del gobierno noruego, el español Enrique Santiago genera conmoción cuando hace públicamente algunas preguntas particularmente delicadas, como la siguiente: “¿Dónde termina la cadena de mando en una dictadura? En el mejor de los casos, dentro del estado mayor de las fuerzas armadas. Pero en una democracia desemboca en el palacio presidencial y en el gabinete de los ministros. Algo que está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional…” (16).

Y ese es el motivo por el cual se evoca a los ex jefes de Estado, y en particular a Uribe, en quien se interesa la Corte Suprema de Justicia por, entre otras ignominias, su “probable participación, por acción o por omisión”, en la masacre paramilitar de El Aro –17 campesinos torturados y ejecutados, 1.200 personas desplazadas–, en 1997, cuando era gobernador de Antioquia… ¿Y quién era su ministro de Defensa cuando estalló el escándalo de los “falsos positivos” –no menos de 3.000 casos de secuestros y de asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas para inflar los resultados de la lucha antiguerrilla–? Santos, el actual jefe de Estado.

Y ahora es el escándalo. Se puede ver a algunos de los que arrasaron con el país, pero que recuperaron un inocente fervor, llamar a… la Corte Penal Internacional (CPI). “Lo que pasa –dice Lozano casi jocosamente– es que creyeron que la justicia restauradora tenía como objetivo encarcelar a los guerrilleros. Por lo que, trazando un paralelismo, se imaginan a todo el mundo detrás de las rejas. En realidad se trata fundamentalmente de que todos den su testimonio. Que el país y las víctimas sepan qué fue lo que pasó.” Da igual. El 19 de octubre, al mismo tiempo que reafirmaban su apoyo al presidente Santos, los sectores económicos expresaban las inquietudes que carcomen a los patrones. Con la presentación de un documento que llevaba el título de “El acuerdo de paz debe ser respetuoso con el Estado de Derecho”, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (Andi), Bruce MacMaster, confesaba: “Nos preocupa la posibilidad de responsabilidades indirectas”, y pedía aclaraciones.

Algunos días antes, el jefe de los negociadores del gobierno, De la Calle, ya había dado un paso hacia atrás al declarar: “El texto suscrito tiene algunas ambigüedades y deberá [efectivamente] ser aclarado”. Y entonces se hizo oír la respuesta de las Farc. En un comunicado que llevaba como título “La claridad no admite interpretación”, afirman que no va a ser posible “honrar el compromiso” de concluir las conversaciones en seis meses si el gobierno empieza “a poner en duda los acuerdos que ya se firmaron” y “hace retroceder los avances” (sic).

Todos se prenden de la esperanza; es cierto que nunca un proceso de paz con las Farc llegó tan lejos. Pero quizás todavía es demasiado pronto para hablar de “posconflicto”.

 

Fuente: Diario Le Monde Diplomatique

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