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La lanza de Moreno en contra de 21 congresistas

Ante la Fiscalía, Gustavo Moreno reveló los nombres de parlamentarios que intentaron influenciar en la Corte Suprema de Justicia. Amplía señalamientos contra Bustos, Malo y tres exmagistrados auxiliares. Así comenzó su colaboración con la Justicia.

Hace una década, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo públicamente que su grupo criminal controló el 35 por ciento del Congreso. Este fue el preámbulo de lo que se conoció como parapolítica, un eje temático que convirtió a la Corte Suprema de Justicia colombiana en una de las más prestigiosas del mundo, por llenar el pabellón ERE SUR de La Picota con por lo menos 60 congresistas sentenciados por sus nexos con las AUC y otros centros carcelarios con otro tanto de exgobernadores y altos funcionarios del Estado. 

Sin embargo, simultáneamente a ese momento dorado de la corte se produjo uno de los episodios que más le ha costado a su prestigio. Según la Fiscalía, para esa época comenzaba a conformarse la red de favores y vueltas que hoy tiene a varios de sus magistrados en jaque. Lo que se ha revelado hasta ahora ha generado conmoción. Supuestamente, algunos de sus expresidentes, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, hacían parte de un grupo que cobraba alrededor de 2.000 millones de pesos por engavetar expedientes a favor de los investigados. 

Gustavo Moreno era el abogado a cargo de atraer los clientes. Esta semana el ex fiscal anticorrupción se sentó a hablar con la Fiscalía General. A la espera de su extradición a Estados Unidos por delitos de lavado de activos, y mientras se define su envío a ese país, decidió comenzar a ‘cantar‘ ante la Justicia colombiana.  Reconstruyó ese listado de clientes, conformado en gran parte por casos que se quedaron rezagados dentro de la andanada de la parapolítica. Entre ellos, había nombres de grandes caciques electorales cuya vinculación con las autodefensas era menos evidente y difícil de probar. 

La lista está encabezada por el senador Musa Besaile, quien logró mediante el pago de 2.000 millones de pesos que su caso fuera engavetado en el despacho del magistrado Gustavo Malo, en la Corte Suprema de Justicia. Los detalles que entregó Moreno, llevaron a que este martes la Corte Suprema de Justicia dictara orden de captura en su contra por los delitos de cohecho por dar y prevaricato.  

Al igual que en este caso, Moreno entregó información sobre otros 20 aforados que habrían pagado porque sus investigaciones fueran frenadas, archivadas o se cambiara su rumbo con el manejo de testigos. Aunque Moreno señala como responsables a Gustavo Malo y a Leonidas Bustos, no todos los casos estaban asignados a estos dos despachos, por lo que no todos los procesos rindieron los frutos que se esperaban. 

La lista la encabeza su defendida Zulema Jattin Corrales, quien una vez estalló el escándalo fue llamada a juicio por parapolítica; el exrepresentante Germán Olano Becerra, cuyo proceso cursaba en el despacho de Bustos y ahora lo tiene Francisco Acuña; y menciona al representante Hernando José Padauí, quien es miembro de la Comisión de Acusaciones a cargo de investigar a los magistrados cuestionados.   

También mencionó a Carlos Alberto Escobar Córdoba, exrepresentante a la Cámara por el Chocó; José Rodolfo Pérez Suárez, exparlamentario por el Casanare; y el exgobernador del Cesar Lucas Segundo Gnecco Cerchar, quien ya tiene una condena de la corte por celebración indebida de contratos. También aparecen los casos del exgobernador del Amazonas Manuel Carebilla Cuellar y del exrepresentante Martín Emilio Morales Diz, en la cárcel por homicidio, nexos con bandas criminales y alianzas con paramilitares. 

Otros de los casos que mencionó Moreno coinciden con los que aparecen en los audios que la DEA entrega a Colombia. El exfiscal dedicó tiempo a ampliar su declaración detalles del manejo que se le dieron a estos procesos. Estos son el de Álvaro Ashton, Julio Manzur, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos. 

Según el exfiscal, los magistrados Bustos y Malo tenían en sus despachos magistrados auxiliares que ayudaron y apoyaron todo el actuar criminal. Señaló la responsabilidad de Camilo Ruiz, magistrado auxiliar de Gustavo Malo, quien salió de la Corte Suprema de justicia el pasado 8 de mayo en el más completo hermetismo. También señaló la participación de Luz Mabel Parra, magistrada auxiliar de Bustos y hoy fiscal delegada ante la corte. Y de Raúl Acero, actual fiscal delegado ante la corte, que admitió haber comprado en nombre de Bustos un BMW.    

Las cifras que varios de los políticos mencionados habrían llegado a pagar alcanzaron los 2.000 millones de pesos. Aunque Moreno asegura que supo que varios de esos dineros fueron a parar en el exterior, dijo desconocer detalles de las inversiones que de allí se derivaron.   

Estos no son los únicos nombres de políticos que Moreno anunció entregar. Tampoco será el capítulo final de lo relacionado con la Corte Suprema. Moreno aseguró que una vez termine de rendir todos los detalles de lo que ocurrió al interior de este alto tribunal, continuará con la Fiscalía y otras entidades en las que tuvo injerencia.   

Sin embargo, por ahora, la Fiscalía avanza en las compulsas de copias para que los competentes empiecen a desmantelar lo que ocurrió en este gran capítulo de la historia judicial: el de la corrupción.

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