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El privado Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo acaba de publicar el más reciente, y completo, diagnóstico sobre la educación colombiana en todos sus niveles, incluida una evaluación del avance de las políticas del actual gobierno.

El documento, denominado “una ventana de oportunidad para la educación en Colombia” ha sido escrito por el exviceministro de Educación y actual director de la Agencia de Educación Superior de Bogotá -Atenea, Juliana Bodmer y David Forero, y hace una contextualización sobre la estructura y financiamiento del sector y divide su análisis entre educación básica y superior.

Estas son, a manera de síntesis, las principales acciones de política del actual gobierno, así como sus apreciaciones al respecto.

1) Sobre la Ley Estatutaria de Educación sugiere que esta aún no garantiza lo esperado. Señala que “aunque buena parte de los niveles educativos ya se definen como un derecho por la regulación existente, no es hasta que se aterriza este derecho en programas, estrategias y recursos, que el país ha logrado avances para garantizarlo. La regulación de un derecho no es garantía de que el Estado se esfuerce por cumplirlo, a menos que venga asociado a la asignación de recursos presupuestales y la formulación de programas que aterricen el esfuerzo estatal en esta dirección. Este no sería el caso de la Ley Estatutaria en cuestión, dado que no se establecen iniciativas puntuales que acompañen esta formulación de derechos.

Esto lo demuestra el concepto del Ministerio de Hacienda sobre la Ley, que estableció que “no tiene objeciones de tipo presupuestal, con fundamento en que en el Proyecto no existen disposiciones que ordenen gastos adicionales u otorgan beneficios tributarios”20. Es al menos curioso este concepto, dado que estaría ignorando la ingente necesidad de recursos para mejorar y construir infraestructura educativa, cualificar y aumentar la planta docente, apoyarse en nuevas IES y en la expansión de las existentes, entre otros requerimientos para garantizar el derecho que se quiere establecer.

El mismo concepto de derecho fundamental puede generar problemas para el Estado a futuro, al darle a la ciudadanía el derecho a exigirlo cuando no se cuentan con los recursos para hacerlo. Por esto, expertos educativos dudan que la Ley Estatutaria se convierta en un hito en el sector educativo, o incluso ponen en duda la necesidad de establecer de jure el derecho fundamental a la educación, cuando no se plantean esfuerzos, programas, iniciativas y recursos para garantizarlo de facto”.

2) En términos de la reforma a la Ley 30 , indica que no se ha buscado abordar sistemáticamente problemas de un sistema que funciona de forma desarticulada, sino que se ha focalizado en aspectos más tangenciales como la composición de los cuerpos colegiados, la participación de los estamentos en los consejos superiores, y la definición del presupuesto para bienestar universitario. “Si no se plantea la reforma como estructural, se pierde una oportunidad dorada de solucionar problemas de larga data del sistema y limitarse a cambios estéticos”, señala.

“Además de la reforma al financiamiento del sistema público (muy necesaria para adaptar el giro de los recursos a las nuevas necesidades del sistema), si la reforma a la Ley 30 se restringe a cambios estéticos en la formulación de principios y objetivos del sistema, dejaría fuera elementos sustantivos en los que el sistema requiere un cambio estructural, pero que no han sido identificados por el gobierno en la socialización de los objetivos de la reforma a la Ley 30.

En particular, más allá de las dos metas principales, se podrían considerar algunos objetivos esenciales de una reforma estructural al sistema, como unificar la educación posmedia con base en el subsistema de formación para el trabajo y la ETDH como complemento a la educación superior, clarificar los roles de los Ministerios de Trabajo y Educación como rectores de ambos sistemas, reglamentar la información que debe estar disponible para hogares y estudiantes por parte de las IES, definir el rol de las nuevas tecnologías y la evaluación diferencial de calidad en las modalidades a distancia y virtual, reglamentar el alcance de las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación, definir las responsabilidades de las IES en seguimiento de egresados y su vinculación al mercado laboral, corregir fallas en incentivos del actual estatuto docente, definir una estrategia de internacionalización del sistema educativo y su integración a las redes globales de conocimiento, establecer mecanismos de financiamiento para estudiar en IES privadas que reconozcan las condiciones de los egresados, definir un marco normativo para fomentar trayectorias educativas completas, o establecer canales dinámicos de interacción con el sector productivo, entre muchos otros temas en donde la actual ley presenta falencias”.

3) Sobre la política de gratuidad y expansión de la cobertura y la promesa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de aumentar en 500 mil los cupos totales del sistema, indica que “si bien es una meta loable y pertinente dada la situación de estancamiento en la cobertura, el problema radica en la estrategia para alcanzarla. El gobierno nacional ha propuesto estrategias como la universalidad de la matrícula en IES oficiales, la construcción de infraestructura educativa en regiones periféricas y programas de fomento para ampliar cupos en IES oficiales, buscando alcanzar la meta solo mediante oferta pública y subestimando subsidios a la demanda, el ICETEX y programas de fomento a IES privadas, cuando estas tienen capacidad instalada no utilizada y pueden aumentar cobertura sin afectar la calidad. Más allá, la propuesta de hacer un esfuerzo fiscal para la construcción de infraestructura en las regiones requiere una organización institucional adecuada para estructurar un proyecto pertinente y de calidad, y no afectará a la cobertura sino a mediano plazo (4 a 6 años), por lo que, si no se aterriza la estrategia con programas de efecto inmediato y que aprovechen la oferta existente, no se logrará un aumento de cobertura en este gobierno”.

Detalla que “es oportuno expandir la cobertura, más aún dirigido a población habitualmente excluida y a las regiones periféricas con baja oferta, pero solo si se plantea una estrategia balanceada entre las herramientas de la política educativa en Colombia: subsidios a la oferta a IES oficiales, subsidios a la demanda a IES privadas, y aumento en cupos en el SENA y en la ETDH”.

Sobre la gratuidad indica que “se deberían definir bien los beneficiarios para no volver una política progresiva potencial en una política regresiva: quienes logran ingresar a la educación superior son un subgrupo (privilegiado) de los que se gradúan del bachillerato cada año, y estos son un subgrupo de los que empezaron a cursar la educación básica. Por ende, la gratuidad de la matrícula estaría beneficiando solo a una pequeña parte del universo de jóvenes colombianos que pretenden formarse. Además del retorno social que implica la acumulación de capital humano, estos jóvenes beneficiarios recibirán retornos privados de la formación superior, y en teoría podrían devolver parte de esos retornos a la sociedad. Si el subsidio de matrícula gratuita se extiende a hogares de altos ingresos, se dirigiría el gasto en educación a población que no lo necesita, en vez de focalizarlo a jóvenes que no pudieron acceder al sistema o no pudieron graduarse de bachilleres. La supuesta universalidad se convierte en parcial, al mejorar las condiciones de acceso solo a la mitad del sistema, las IES oficiales, sin contar la otra mitad, la oferta privada de educación superior, como se abordará luego. A esto se añade que la matrícula no representa recursos frescos para las IES oficiales, ya que solo cambia la fuente de ingresos de matrícula, desde el bolsillo de los hogares a las transferencias directas del Presupuesto General de la Nación. Incluso, puede llegar a afectar los ingresos de algunas IES, al establecer un valor de matrícula promedio que se gira por cada estudiante admitido, eliminando la discrecionalidad de la institución de establecer valores de matrícula dependientes del ingreso del hogar. Esto lleva a que se genere un desbalance entre la oferta oficial (gratuita) y la oferta privada (paga) en la elección de los estudiantes, pero sin recursos nuevos para evitar que el aumento de la matrícula de la primera se haga sin desmedro de los niveles de calidad educativa.

Por eso, una política de gratuidad de la matrícula en IES oficiales que se plantee como universal, como lo ha anunciado el presidente Petro, puede generar más efectos perjudiciales que beneficiosos para la sociedad.

Una política de gratuidad bien diseñada debería focalizarse en eliminar barreras de acceso a jóvenes que de otra forma no podrían estudiar. Esto implica que la gratuidad puede llegar a ser favorable si se enfoca en cerrar las brechas de acceso solo para la población más vulnerable, evitando cualquier sesgo de subsidios regresivos, siendo deseable que los beneficiarios tuvieran poder de elección sobre qué oferta educativa desean elegir.

Si se quieren lograr efectos inmediatos, sería necesario complementarla con programas y acciones que cierren las brechas de acceso usando la oferta e infraestructura existentes, que en una buena proporción se encuentran subutilizadas. Resultaría importante considerar el fortalecimiento de las universidades públicas tradicionales y algunas privadas como la base de una política integral de regionalización de la educación superior

Forzar a las IES oficiales, donde el aumento previo de la matrícula sobrepasó su capacidad institucional (con la pandemia) y generó desafíos logísticos y de calidad al dar el servicio educativo, a expandir su matrícula, puede generar efectos no deseados en la calidad de la formación y la experiencia del estudiante. Adicionalmente, transferencias no atadas a resultados educativos pueden no usarse de la manera más eficiente en términos académicos. Esto puede ser un factor esencial en afectar la capacidad de la oferta pública para implementar mecanismos efectivos de reducción de la deserción, que es uno de los grandes factores que amplifican las brechas educativas existentes”.

Sobre el financiamiento a la demanda, advierte que “el comienzo con el piloto de préstamos contingentes al ingreso es un paso en la dirección correcta, pero es necesario ampliar su alcance para que el programa tenga efectos considerables sobre cobertura y el cierre en brechas de acceso usando la mitad de la oferta educativa que sí se encuentra en la capacidad de aumentar su cobertura sin impactos significativos sobre la calidad”.

Finalmente, Fedesarrollo considera que “Colombia debe plantearse qué objetivos espera que cumpla el sistema de educación posmedia en general, y de educación superior en particular”.

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.