
La Corte Suprema de Justicia ordena a la Presidencia de la República reestructurar directrices sobre el uso de la fuerza frente a manifestaciones sociales no violentas. Tutela derecho a protesta pacífica. Dispone convocar mesa de trabajo con ciudadanía, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
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