Lo que comenzó con acusaciones penales contra docentes sindicalizados, para la Fiscalía terminó siendo falsas inculpaciones de directivos.
Tras un año de investigación, la Fiscalía General de la Nación determinó la falsedad de las acusaciones imputadas a los profesores del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, pertenecientes al sindicato de ASPU, Jorge Alberto Gómez López, Oswaldo Juan Plata Pineda y William Segundo Puche Plaza.
A estos tres docentes se les acusó, por parte de la Institución, de haber participado en amenazas de muerte, cobro de coimas, actividades terroristas y delitos sexuales, pero para el Juez 20 Penal Municipal de Garantías de Medellín estas fueron falsas denuncias y decidió imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Juan Guillermo Ríos, decano de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas hasta abril pasado) y a la estudiante Claudia Marcela Valencia Naranjo.
A estas personas se les imputaron los cargos de falsa denuncia, falso testimonio, fraude procesal, fraude a subvención, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y falsedad en documento privado.
Al profesor Jorge Alberto Gómez López se le había acusado, entre otros delitos, de acto sexual violento, de acceso carnal en persona con incapacidad de resistir y de inducción al aborto. Al profesor Oswaldo Plata Pineda, por su parte, se le había acusado falsamente de planear un atentado físico en contra del ExDecano Juan Guillermo Ríos Noreña. Y, finalmente, al profesor William Puche Plazas se le había acusado falsamente de participar en actividades en contra de la Institución y de la estudiante Claudia Marcela Valencia Naranjo.
En diligencia judicial llevada a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación manifestó que las pruebas allegadas al ente acusador fueron construidas ilegalmente por algunos de los indiciados, usando programas de falsificación de mensajería de texto y mediante audios de una falsa víctima que se hizo pasar por una estudiante del Politécnico JIC, y que las falsas acusaciones respondían a una persecución en contra de las organizaciones estudiantiles y sindicales del Politécnico Colombiano JIC.
A su vez, los profesores sindicalizados en ASPU han denunciado que estos hechos hacen parte de una seris de ataques, difamaciones, falsas denuncias y amenazas de muerte en contra de profesores, estudiantes, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el Politécnico Colombiano JIC.
Según el abogado del exdecano indiciado, las falsas denuncias fueron realizadas, de parte de la Institución, por el jefe de la Oficina Jurídica, José Alberto Arbeláez Ramírez, y determinadas por el rector Libardo Alvarez Lopera.
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Triste contexto para una institución de educación superior.
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana