Vie. Dic 2nd, 2022

Por María Luisa Rodríguez Peñaranda

El viernes 14 de octubre se presentó el informe “De lo público a lo privado. Estudio multidimensional y de género en la Universidad Nacional de Colombia”, en el que se reveló lo evidente: que el campus es un lugar inseguro para las mujeres, y que cada vez lo es más.

Un nuevo informe con un viejo diagnóstico

De acuerdo con más de 2 mil encuestas y unas 50 entrevistas a profundidad, sabemos que una de cada dos estudiantes ha sufrido violencias basadas en género (VBG) en el entorno universitario. 

No es la primera encuesta que pone en evidencia este preocupante diagnóstico. Desde hace varios años sabemos lo que está pasando. Estudios similares fueron presentados en la Encuesta de Evaluación del Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas en Género, de 2021; en el documento “Me molestó, pero no dije nada”, prevención de las violencias de género y sexuales en la Facultad de Minas, también del 2021; en el informe “Prevalencia, manifestaciones y efectos del acoso sexual en la Facultad”, construido por la Escuela de Estudios de Género y practicado en la Facultad de Derecho en 2020; o, antes de todos esos documentos, en “Rompiendo el silencio«. Análisis de encuesta sobre violencia sexual a estudiantes mujeres Universidad Nacional de Colombia”, de 2016. Sin que la institucionalidad oyera sus propios hallazgos.

De hecho, una de las recomendaciones del informe de 2016 fue que la universidad debía tramitar las denuncias de VBG con la debida diligencia y que las sanciones debían ser efectivamente cumplidas. En el último informe se hizo la misma recomendación. No es más que la confirmación de que la administración del nivel central de la universidad no ha sabido responder a esta necesidad urgente, conocida desde hace años.

En este sentido, las conclusiones revelaron una tendencia: que delitos como el acoso sexual y el acceso carnal violento lejos de disminuir se han incrementado. Mientras que la confianza en la institucionalidad cada día se reduce. De manera que la ausencia de respuestas a las VBG ha contribuido a reforzar los riesgos para las mujeres que habitan el campus.

Un espacio que separó en lugar de unir

Más allá de los reparos que se le podrían hacer a este nuevo informe (como, por ejemplo, el hecho de haber sido lanzado sin aún ser publicado), uno de los errores más importantes fue la manera en que se presentó a la comunidad.

La presencia de la rectora Dolly Montoya, la primera mujer al frente de la universidad, generó molestia entre las asistentes. Trató de participar virtualmente y, aunque por suerte no lo logró por razones técnicas, su repentina aparición impactó negativamente en el desarrollo del evento.

Recordemos que durante la gestión de la primera mujer como rectora han salido a la luz graves vacíos en el sistema disciplinario y en toda la arquitectura institucional que soporta la justicia interna, debido básicamente a que algunas de las víctimas decidimos agotar las instancias disponibles, desafiando la propuesta dominante de las feministas de que el litigio revictimiza y por ende, que el derecho no es una herramienta adecuada para la transformación social. Nuestra obstinación por obtener justicia nos permitió poner a prueba los mecanismos establecidos por la universidad para determinar claramente dónde se encontraban las principales barreras y cuellos de botella en el sistema disciplinario.

Ante la indiferencia de Montoya frente a los casos que denunciamos en su momento, las víctimas no tuvimos otro remedio que acudir a los medios de comunicación para que el país se enterara de lo que pasaba en la Nacional. Pese a todos nuestros esfuerzos para que la rectora nos escuchara, la respuesta fue el recrudecimiento de la violencia institucional, mayor revictimización en los procesos disciplinarios, vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso con enfoque de género y el archivo de las investigaciones.

Pero no fue lo único que molestó a quienes participamos en el evento.

Sin explicación alguna, las profesoras que presentaron el informe omitieron (deliberadamente o no) que la Universidad Nacional ha sido condenada en tres ocasiones por vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas y que, a pesar de eso, ha preservado conscientemente un sistema disciplinario misógino y cómplice con los agresores [1].

En las tres sentencias las víctimas no eran estudiantes. Eran profesoras, contratistas o egresadas. Y ese es otro de los errores del informe presentado: la investigación puso el lente en las estudiantes, reforzando el sesgo de que son solamente las jóvenes las que sufren tales violencias, cuando estos años han demostrado que si bien las VBG suelen recaer con mayor frecuencia y fuerza en ellas, otras mujeres de la comunidad universitaria también las sufren. En este sentido, podríamos decir que el informe no avanza, sino que retrocede respecto a lo que ya sabíamos.

Otro asunto que enrareció el ambiente fue la denuncia de Mónica Godoy sobre cómo su trabajo había sido apropiado por algunas integrantes de Las que Luchan, una colectiva feminista del departamento de Antropología. Su denuncia motivó una corrección, al final del evento, sobre la autoría colectiva del informe de antropología. Esto puso de presente que la sororidad, base sobre la cual estaba basado el trabajo colaborativo en este informe y valor feminista de cuidado y apoyo entre las mujeres, puede sucumbir ante la voracidad de la academia, llevando a desconocer a todas las personas que participaron directamente en el trabajo.

Tampoco se pusieron en evidencia las grandes tensiones existentes entre la movilización estudiantil y la institucionalidad de la universidad que, más que atender sus problemas, está siempre al acecho para cooptarlas, como sucede con las mesas de género en las facultades, en las que las colectivas estudiantiles son invitadas a participar para resolver las violencias que han denunciado.

Algo así como una justicia de autoservicio que le entrega a la víctima la responsabilidad en la resolución de su propia queja, que incluso las lleva a perder el anonimato exponiéndolas a nuevos riesgos como amenazas e intimidaciones, mientras las directivas se mantienen indiferentes en modo pasivo-agresivo, perpetuando el bucle de las violencias.

Las condiciones mismas en las que se hizo el informe también fue objeto de desacuerdo, pues es evidente el conflicto de interés entre las investigadoras y la forma en que se financió la investigación.

En nuestro contexto de universidad pública, en las convocatorias para financiar proyectos de investigación se establecen los términos y condiciones para la postulación por parte de los grupos de investigación. Durante el trámite se evalúa la idoneidad, experiencia del equipo investigador y pertinencia de la propuesta. Es un procedimiento largo y dispendioso, que culmina con la asignación de recursos muy limitados.

Esta investigación no pasó por ese proceso, y el hecho de que se hubiera saltado el trámite por el que debemos pasar las demás investigadoras para producir conocimiento independiente las ubica en ese sospecho segmento de las investigaciones mimadas por rectoría, lo que sin duda pone en entredicho su imparcialidad e idoneidad para hacer la investigación.

Conclusiones de un evento desafortunado

El evento del 14 de octubre nos deja varias lecciones que no podemos obviar para lo que viene.

Por un lado, la intervención de la rectora en estos asuntos es, más que inconveniente, dolorosa. Al negarse a hablar con las víctimas, pedirles disculpas en nombre de la universidad y repararlas —y, sobre todo, al no tener la voluntad de hacer los correctivos institucionales necesarios para que haya sanciones efectivas para quienes violentan a las mujeres que pertenecen a la universidad—, es claro que todavía cree que sus graves omisiones como cabeza de la institución son un asunto menor.

Por otro lado, la expansión del interés por la comprensión y denuncia de las VBG muestra cómo el tema ha logrado calar en la cotidianeidad de las aulas. Hoy, al menos, ocupa un lugar importante dentro de la agenda de las universidades y de sus tareas pendientes. Hay que aprovechar este impulso y no dejarlo solo en anuncios grandilocuentes o en propuestas en el papel.

Y por último, que hay que luchar contra ese feminismo blando, oportunista, remunerado, institucionalizado, paciente, que comprende al agresor y complace a las directivas. Tan políticamente correcto, que a las únicas que incomoda es a las víctimas. 

Notas 

1. Las sentencias de tutela que han condenado a la universidad por no atender la perspectiva de género en sus procesos disciplinarios son: Sala de Familia del Tribunal Superior de fecha 12 de agosto de 2019 María Luisa Rodríguez vs. Universidad Nacional, Corte Constitucional sentencias T-426 de 2021 Alexi Amaya vs. Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional y la última la T-061 de 2022 Fabian Sanabria Vs. Mónica Godoy. Y si bien la última es la que ordena en forma perentoria la revisión de su normativa, las otras tampoco han sido cumplidas.

Fuente: La Silla Vacía

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