El pasado 05 de enero el Gobierno Nacional expidió el decreto 003 de 2021. Por medio de este “se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana». El decreto 003 del 2021 es la respuesta a la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre de 2020. Esta sentencia se dio como respuesta a una acción de tutela instaurada por organizaciones y apoderados de las víctimas de la violencia policial en el Paro Nacional del 2021. El fallo ordenó al presidente de la República convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”. La mesa se realizó entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2020. Durante ese tiempo, accionantes y ciudadanos discutieron y analizaron un conjunto de generalidades sobre la actuación de la policía en las protestas. Las discrepancias con el decreto 003 del 2021Organizaciones como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CCAJAR, la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP, Dejusticia, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – DH, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP y Humanidad Vigente dieron a conocer 5 críticas al decreto 003 del 2021. Dicen en su comunicado que “algunos puntos de gran importancia no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial en su labor de atención a manifestaciones públicas, en procura de una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y de la protección a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y el debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho.”
Las organizaciones consideran que los aspectos anteriores son importantes para una adecuada regulación del uso de la fuerza en garantía del derecho fundamental a la protesta. Aseguran que son indispensables para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. “Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada.” Dice la comunicación de las organizaciones. También denuncian que la oposición del gobierno a discutir y debatir estos temas “es una grave cortapisa a la efectividad del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo.” Finaliza la comunicación diciendo que: “La democracia colombiana necesita de manera urgente una regulación del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas por parte de las autoridades, que sea compatible con los derechos a la participación en asuntos públicos, la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, especialmente las disidentes, que a lo largo de setenta años de historia política han sido excluidas y estigmatizadas.” |