Una indefinición política y dos conceptos de la Corte Constitucional oscurecen el panorama para 2023, y rectores de IES públicas no reaccionan ante complicado impacto.
1) ¿Qué pasará con el financiamiento a partir de 2.023?
Este año terminan los cuatro del periodo del presidente Duque, quien en diciembre de 2018, tras el acuerdo con estudiantes y profesores, incrementó significativamente los aportes a la educación superior pública para su cuatrenio.
Tanto las universidades públicas como el resto de IES oficiales terminaron recibiendo más recursos, del actual gobierno, de lo que ellos mismos esperaban cuando se dio el paro nacional universitario en octubre de 2.018.
No obstante, en agosto llegará un nuevo gobierno y el sistema no sólo desconoce quién será el nuevo presidente de la República, sino qué pasará con las transferencias adicionales, si se modificará finalmente la Ley 30, en lo relacionado con los artículos 86 y 87, qué pasará con el Icetex y, sobre todo, hasta dónde llegará la continuidad de la política de gratuidad educativa del actual gobierno.
Si bien el presidente Duque, la ministra Angulo y el viceministro Gómez hablan de la gratuidad como política educativa, claramente ellos no tienen forma de dejar amarrado el tema para los próximos gobiernos, y cuando se pregunta a los responsables qué va a pasar en adelante, muy hábilmente evaden la respuesta.
Se supone (eso se espera) que sea cual sea el nuevo presidente, éste mantenga o, incluso, mejore los beneficios, en línea con la tendencia, pero falta ver los impactos fiscales, así como las consecuencias de la anteriormente denominada matrícula cero y su no cobertura plena, así como el abandono de parte del Estado en apoyar a los estudiantes de estratos bajos que están en IES privadas.
La anunciada propuesta de reforma de la Ley 30, en los artículos sobre financiamiento, que tanto ha “cacareado” el SUE, nada que se transforma en un proyecto de ley público. Seguramente el ambiente electoral y cambio de Congreso lo tiene detenido.
Lo cierto es que, de no llegar un presidente con la habilidad necesaria para negociar estos temas, podría enfrentar un escenario tenso de movilizaciones de parte de estudiantes y docentes de las universidades públicas, tal y como fue inaugurada la administración Duque.
2) La peligrosa asignación de recursos por parte del Congreso de la República
En enero pasado, El Observatorio de la Universidad Colombiana informó cómo, a partir de 2.023, será el Congreso, y no el MEN, el que asigne recursos a las universidades públicas.
Así lo definió en diciembre pasado la Corte Constitucional (Sentencia C-346 de 2021), en la que señala que en virtud de la naturaleza jurídica de las universidades públicas, deberá ser el Congreso de la República y no el Ministerio de Educación, el que asigne y distribuya el presupuesto de las universidades públicas del país.
Para la Corte, en virtud de su carácter de entes públicos autónomos, el presupuesto global de las universidades oficiales debe incluirse en la ley anual de presupuesto, tal y como ocurre por ejemplo con la Rama Judicial, pues él forma parte del presupuesto general de la Nación. Así, la hasta ahora asignación presupuestal a las universidades desde el Ministerio es inconstitucional, porque implica la existencia de una «bolsa común» conformada por los recursos del MEN y las universidades públicas.
Para la Corte las universidades públicas no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público y no pueden ser tratadas, ni presupuestal ni administrativamente, como entidades dependientes del Estado, tal y como hasta ahora se ha venido dando.
Así las cosas, a partir del año 2.023 la apropiación del gasto en la ley anual de presupuesto, con independencia de los recursos destinados al MEN, permitirá que el Congreso de la República conozca y controle el monto real de las apropiaciones a favor de cada universidad.
El miedo que existe es que, en medio de la interpretación constitucional, el nuevo escenario reviva instancias en la que cada rector debe buscar el patrocinio de senadores y representantes a la Cámara, y que la asignación de recursos se vuelve netamente política y nada técnica.
Incluso, manteniendo el escenario actual de distribución de recursos, se mantendrá el debate sobre la equidad y conveniencia de los mismos,
La posible afectación de los ingresos proyectados por las universidades públicas también afectará su planeación de mediano y largo plazo y, entreo otros, sus apuestas de calidad.
El tema fue tratado en el último encuentro de rectores, en la Universidad del Magdalena (foto), pero entre ellos mismos hay diferencia frente a la conveniencia o no de la medida, pues la sentencia de la Corte nació, precisamente, de un recursos interpuesto por una comisión del SUE.
3) La devolución de recursos no ejecutados al tesoro nacional
Las decisiones de la Corte tienen otro impacto que tomó por sorpresa a los rectores.
Al ser consideradas como entes universitarios autónomos, de carácter público, las universidades deben tener un desempeño fiscal similar al de las diferentes instituciones públicas del Estado, y esto significa, para efectos de manejo presupuestal anual, que los recursos asignados y no gastados en la respectiva vigencia fiscal deberán retornar al Ministeterio de Hacienda y causarán impacto sobre la planeación del presupuesto del año siguiente.
Esto no ha venido sucediendo, y tendría impactos no vistos, como una indebida práctica de suscripción de contratos a última hora, para reservar recursos, a fin de año. Además, en una época en la que muchas transferencias se reciben a última hora y no hay tiempo para su debida ejecución.
El SUE también está guardando silencio al respecto.
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana.