Comienzan a aflorar las molestias de las IES privadas por el que consideran desamparo del gobierno para ella y sus estudiantes, al no incluirlas en la política de gratuidad educativa.
Algunos rectores, de forma aislada, consideran que la gratuidad en las IES públicas es una excelente noticia, pero deja por fuera a miles de colombianos de estratos 1, 2 y 3 que por ausencia de oferta, de cupos o decisión propia han buscado las IES privadas para estudiar, pero que no han sido cubiertos por el Decreto 1667 de diciembre pasado.
Asimismo, aún no se han medido los impactos, pero hay temor por la posible afectación de la matrícula en la educación privada, por el desplazamiento de la demanda de parte de muchos estudiantes que se irían hacia la educación pública para buscar la gratuidad. Incluso, también es posible que la misma matrícula en las IES públicas no logre garantizar toda la gratuidad, pues el gobierno nacional ha hablado de cerca de 700 mil beneficiarios, y en la práctica la matrícula en la educación pública supera el millón.
Complejo panorama de la ed. superior privada
El presidente de ACIET y rector de la Fundación Universitaria María Cano, Hugo Alberto Valencia Porras, ha sido de los primeros en alertar esta situación, e incluso advertir el riesgo de que algunas IES privadas puedan desaparecer, de sostenerse este panorama.
En su columna de opinión, titulada “Complejo panorama de la ed. superior privada en Colombia”, ha indicado que “las IES privadas enfrentan tensiones que amenazan su capacidad de cumplir idóneamente con sus proyectos educativos en un ambiente armónico, por el difícil entorno que las políticas públicas, el mercado, el sector y la opinión pública le están imponiendo”.
“¿Qué pasa con el resto de estudiantes -ese 47% de la matrícula del país- que están matriculados en las IES privadas? Ellos también son colombianos que, incluso a veces más que sus compañeros de las IES públicas, deben hacer grandes esfuerzos y sacrificios personales, laborales y económicos para pagar y adelantar sus estudios en IES que no pueden darles gratuidad, sencillamente porque su fuente de ingresos es la matrícula que cobran, dado que el Gobierno Nacional no las apoya”, sentencia Valencia Porras.
“Pueden ser cerca de 180 instituciones de educación superior privadas las que han visto deterioradas sus condiciones de operación. La situación es tan compleja, que ya hay preocupantes síntomas de IES pequeñas que están viviendo sus últimos días y que, tras dos años de pandemia, este 2022 podría ser el año de su desaparición”.
El presidente de ACIET también alerta por la situación de las públicas. “Aun con la financiación de la política de gratuidad educativa estatal, las condiciones operativas y de calidad de las IES públicas siguen demandando ingentes esfuerzos gubernamentales. Su situación también debe preocuparnos a todos”.
Y concluye categóricamente que: “La reducción en las condiciones de operación y, peor aún, el inmerecido cierre de IES privadas (que, repito, prestan el servicio educativo a nombre del Estado), constituye el fracaso y la resignación del “sistema nacional de educación superior”, frente a la incapacidad de trabajar articulada y solidariamente. No sólo constituyen proyectos educativos frustrados, sino también la negación de oportunidades a miles de jóvenes que llegan a estas IES con la esperanza de contar con servicios de calidad, avalados por el Estado”.
Inequidad con las privadas y petición de ayuda
Por su parte, la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe (Asiesca), emitió un comunicado a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, firmado por su directo ejecutivo y expresidente del Icetex, Andrés Vásquez, en el que se reconoce la acción del gobierno, pero advierte de los impactos negativos para la educación privada.
Señala que para el año 2020, 2.3 millones de jóvenes están en la universidad de los cuales el 49% de estos ciudadanos, están atendidos por las IES privadas. Que estudiantes por programas son 69 mil en técnicos profesionales, 582 mil tecnólogos, 1.5 millones en formación universitaria y 168 mil entres especializaciones y maestrías.
Dice, explícitamente, que el decreto fortalece el acceso a los jóvenes de los estratos 1-2-3 a las IES públicas exclusivamente, con lo cual se genera inequidad en cuanto al ingreso de los estudiantes de dichos estratos sociales, quienes al no encontrar cupo en las IES públicas quieren acceder a su educación superior. Porque las IES públicas cuentan con una capacidad restringida por el sistema de cupos, los exámenes de admisión y la oferta de programas en especial en las regiones.
Reitera el concepto según el cual las IES privadas sin ánimo de lucro como lo ordena la Ley 30 de la región, están inmersas en los mismos niveles de exigencia en términos de calidad, cobertura y gobierno corporativo, y que se han visto afectadas en términos económicos por la pandemia, estando atentas a incorporar alivios para los estudiantes estratos 1-2-3, becas, financiación directa y todos los instrumentos financieros para fomentar el acceso y consolidar los procesos de retención.
Aciesca soporta sus argumentos en la propia Constitución Política:
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con la que se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación.
El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, señala que corresponde al Estado facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.
El artículo 70 de la Constitución Política de Colombia, indica que es deber del Estado promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, a través de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.
Por todo esto, Aciesca propone que los incentivos a la educación superior deben orientarse indistintamente a las instituciones públicas y privadas por cuanto entre las dos se atiende a los diferentes estratos sociales del país.
La Asociación señala que:
1. El Estado permita a los estudiantes de los estratos 1-2-3 escoger la Institución de educación superior de su preferencia, independiente si es pública o privada.
2. Que los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior se aplique a todas las IES que tengan programas con Registro Calificado vigente.
3. Reconociendo el esfuerzo económico que esta iniciativa demanda, las IES del Caribe privada están dispuestas a aportar económicamente con un porcentaje en el costo de la matrícula para los estratos 1-2-3.
Finalmente, piden a la Ministra de Educación, la conformación de una mesa de trabajo, con el fin de propiciar el dialogo, generar propuestas y consenso, que le permita a los estudiantes de los estratos más vulnerables acceso y equidad y a todas las IES apoyar tan importante iniciativa para el país.
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana