A falta de conocer cifras de matrícula 2022 el rumor de los rectores de IES privadas es que la situación financiera de éstas es cada vez más compleja, y que el contexto del mercado y la gratuidad educativa en el sector oficial aumentan la presión sobre sus economías.

La esperanza de que las condiciones mejoren, las reformas del SAC flexibilicen procedimientos y permitan abrir nuevos y más programas, de forma más rápida, y que el gobierno se conduela de su situación y las incluya como  oferentes de los anunciados 500 mil nuevos cupos (que al parecer no será así), han mantenido callados a los rectores, pero El Observatorio de la Universidad Colombiana conoció el documento que los rectores de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN enviaron a la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, y en la que plantean mecanismos alternativos para que, vía decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, se puedan obtener un respiro para sus finanzas.

El documento, que fue presentado en el pasado Consejo Nacional de Rectores, de comienzo de semana, realizado en la Universidad de Caldas, se denomina “Estrategia integral de cobertura con calidad en regiones y poblaciones vulnerables. La gran alianza por la educación superior y la paz territorial”.

ASCUN aclara que “las Instituciones oficiales reciben anualmente recursos del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento e inversión, a lo cual añaden la generación de recursos por servicios e investigación; (mientras que) las IES no  oficiales deben asumir sus obligaciones con fuentes provenientes de matrículas y otros servicios educativos”.

Porque – continúa- “el crecimiento del sector y las necesidades de mantener un sistema de educación superior mixto, articulado, pertinente y con altos estándares de calidad académica, plantea la urgencia de definir políticas de Estado para garantizar la sostenibilidad financiera y el avance en calidad, tanto de las instituciones oficiales como no oficiales, de tal manera que puedan seguir aportando al país el conocimiento y los profesionales necesarios para su desarrollo social y productivo, para que puedan fortalecer capacidades que permitan mantener y ampliar la cobertura, con una oferta de programas que respondan a las necesidades de las regiones y brinden mayores oportunidades para los jóvenes más vulnerables y alternativas para su desarrollo”.

Por ello, “es preciso analizar con el Gobierno Nacional la posibilidad de orientar los recursos que actualmente estas destinan a varios ítems presupuestales que aumentan el gasto y el costo de operación, los cuales no son exigibles a las IES oficiales”.

Las propuestas al Gobierno Nacional

El siguiente es un resumen de El Observatorio de la Universidad Colombiana del documento presentado por ASCUN.

1) Revisar aportes al SENA. Considerando que las IES no oficiales hacen importantes aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – para cubrir las obligaciones de su contratación laboral, estos recursos podrían convertirse en una fuente para el programa especial de cobertura. Una medida en este sentido no solo corregiría el desequilibrio entre IES oficiales y no oficiales, que no tienen esta obligación, sino que podría representar un flujo de un valor cercano al 3% de los ingresos operativos anuales de las IES no oficiales

2) Responsabilidad sobre el IVA. Las IES no son responsables de IVA en la venta de bienes y servicios, sin embargo, tienen la responsabilidad de hacer los pagos correspondientes a este ítem en todas las compras de bienes y servicios, con el mayor costo que esto implica, sin que puedan generar un efecto de cruce de dichos valores, como lo hacen las demás organizaciones sujetas a dicho tributo. Por su parte, las IES oficiales están autorizadas por la Ley para solicitar la devolución del IVA pagado en sus compras de bienes y servicios. Un estimado inicial del valor de esta fuente indica que los recursos correspondientes al IVA que no pueden descontarse las IES no oficiales equivalen a un 3% de los gastos anuales de la operación.

3) Impuestos territoriales. La mayoría de las IES oficiales y no oficiales deben pagar impuestos territoriales que implican una alta erogación. Otra manera de aportar desde los territorios a la cobertura de educación superior puede hacerse posible a través de la exención o traslado de estos recursos para fortalecer el fondo o mecanismo que se defina, para este programa especial.

4) Buscar un alivio a los altos costos que representan para las IES la adquisición de bases de datos.

5) Apoyo a las IES privadas en investigación. En los últimos años se han observado mayores restricciones al acceso de las IES no oficiales a las fuentes de financiación pública para procesos tan determinantes como la formación de doctores, la dotación de espacios e infraestructuras especializadas para la investigación de frontera, la circulación y visibilización de los resultados de investigación, el intercambio profesoral, los procesos de transformación y apropiación social de resultados. La disminución constante de estos flujos de recursos ha exigido a las IES destinar recursos provenientes de otras fuentes de financiación con el fin de poder suplir estas acciones que son de vital importancia para el desarrollo de esta importante función misional. La propuesta para el gobierno es establecer grandes líneas de investigación y por medio de asociaciones de las IES se trabajen estas líneas en las diferentes regiones con propósitos regionales, pero también con impacto nacional.

6) Programa Becas por Impuestos. Las universidades públicas tienen un número importante de aspirantes que finalmente no quedan seleccionados por la disponibilidad de cupos, los mejores puntajes en las pruebas de acceso a la universidad pública y que no hayan accedido a cupos pueden ser los primeros beneficiarios de esta iniciativa “Becas por Impuestos”. Cabe mencionar que estos beneficios se orientarían a jóvenes del SISBEN IV.

7) Alianzas regionales. Se buscaría que un grupo de diferentes IES, que tienen presencia en las regiones, se encargue, a manera de apadrinamiento, de una de las 16 subregiones PDET y de otras zonas definidas en conjunto con el MEN, con el fin de aumentar las tasas de tránsito de los estudiantes de estas regiones a las IES.

8) Consorcios regionales. Se propone abrir una convocatoria del MEN que conduzca a la designación de un consorcio a ser conformado por una o varias Instituciones ETDH, una o varias ITTU y una o varias universidades para desarrollar un programa especial de acceso para los habitantes de cada una de las 16 subregiones PDET, – 170 municipios en 19 de los 32 departamentos-, que existen en el país o para las zonas que se definan de manera conjunta con el MEN.

9) Acceso preferencial a la educación superior en un esquema de pago por resultados, en alianza con los Gobiernos regionales y departamentales. Los jóvenes participantes en el programa de cobertura recibirían el beneficio del valor de la matrícula y, en el caso de los que provengan de las regiones más apartadas o que tengan mayores niveles de vulnerabilidad recibirían además un apoyo de sostenimiento, el cual podría ser cubierto con los recursos que hoy se aportan al SENA.

10) Alianzas IES no oficiales con IES oficiales: Las IES no oficiales operan programas de IES oficiales. Las IES no oficiales podrán ofrecer albergue en la infraestructura disponible en sus Sedes y opera programas de las IES públicas, durante un periodo determinado, a costos acordados, y en mismas condiciones de calidad que establecen los respectivos registros calificados.

11) Operación compartida ente IES oficiales y no oficiales. Las IES no oficiales podrían facilitar el desarrollo de la oferta educativa pública en lugares donde no operan las universidades públicas.

12) Las IES no oficiales operan oferta propia. Las IES no oficiales que operan su propia oferta en lugares donde no tienen presencia las universidades e instituciones oficiales, podrán acordar la ampliación de su cobertura bajo condiciones que se definan juntamente con el MEN, mientras instituciones oficiales expanden su oferta en los distintos territorios.

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana

La reforma a la salud no avanzó en las sesiones extras y solo recibió impulso tras cambiar varios de sus puntos centrales, la pensional no se ha radicado y la laboral inicia con fuertes críticas.

La promesa del primer Gobierno elegido por la izquierda, el cambio, depende del Congreso. Por lo menos así lo ha planteado el presidente Gustavo Petro al presentar una batería de reformas legislativas que acuñan su propuesta de ser un cambio, concentrarlas en este semestre y llamar a sus seguidores a las calles para apoyar la más visibles de ellas, la de la salud. El presidente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que esos proyectos salieran adelante este semestre. Pero esta semana se inician las reuniones ordinarias sin que ninguna de las tres grandes iniciativas sociales haya sido aprobada siquiera en el primero de los cuatro debates que requieren antes de ser ley.

La pérdida de tiempo es evidente. “Le he solicitado al señor presidente que, en aras de recuperar el mes y medio de extras que se perdió porque no hemos logrado aprobar ninguna de las reformas ni siquiera en un primer debate, recuperemos ese tiempo. Hay que contemplar la posibilidad de tener unas nuevas sesiones extras, entre junio y julio, para poder terminar el semestre con las reformas que el pueblo colombiano ha venido exigiendo”, dijo el presiente del Senado y aliado de Petro, Roy Barreras.

Su colega de la Cámara, el también petrista David Racero, acepta que en esas semanas no se aprobó ningún proyecto en alguno de los debates que requieren para convertirse en ley, pero es menos pesimista. “Creo que es un poco exagerado lo que dice mi colega, porque esta semana estaremos aprobando el Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara”, dijo a EL PAÍS. Reconoce que el plan, una hoja de ruta para cada cuatrienio presidencial, tiene un trámite legislativo especial y su avance no tiene el mismo impacto de las reformas. “Son cuatro comisiones y el Plan Nacional de Desarrollo no es de poca monta”, argumenta. Defiende que el Congreso sí ha estado trabajando.

Efectivamente, la dificultad ha estado más del lado del Gobierno. Aunque el presidente convocó a sesiones extraordinarias a partir del 7 de febrero, lo que dejaba un mes y medio para que las reformas avanzaran, iniciaron sin ninguna de las grandes. Solo una semana después el Gobierno radicó el texto de la reforma a la salud, como una apuesta política fuerte que incluyó la convocatoria a marchas de respaldo y el lanzamiento de un programa diario en televisión. Lo hizo en medio de grandes tensiones internas entre la propuesta de cambiar totalmente el sistema que existe desde hace 30 años, que encabeza la ministra del ramo, Carolina Corcho, y la de hacerle ajustes sin cambiar su lógica, que defendía el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria. El punto central del debate era eliminar, o mantener, a las famosas EPS, las entidades promotoras de salud a las que se deben afiliar los colombianos para tener acceso al sistema, y que actúan como aseguradoras. El presidente se inclinó por eliminarlas, una decisión que defendió en los días siguientes.

Las cuatro semanas que quedaban de las sesiones extraordinarias se fueron no en debates legislativos sobre las dos posiciones, sino en un choque intestino que culminó con la salida de Gaviria del Gobierno y el aparente triunfo de Corcho, y en negociaciones entre el Gobierno y las bancadas de partidos tradicionales que han sido sus aliadas, que defendían un sistema con EPS (o entidades que cumplieran sus funciones centrales, así tengan otro nombre). El saldo final: una reforma con gestoras en vez de EPS, más estilo Gaviria que estilo Corcho, pero con la ministra en el Gabinete y de la que todavía no se conoce un texto.

Ese debate, con la salud convertida en el centro del debate político, demoró las demás reformas. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha sido la encargada de la pensional y la laboral, y las concertó con sindicatos y gremios empresariales. La laboral, finalmente, la presentó el Gobierno el jueves 16 de marzo, el primer día de las sesiones ordinarias. El tiempo se había pasado y la pensional sigue sin llegar al Congreso.

Ese atropellado inicio hace más fuerte el trancón legislativo que ya se preveía en enero. Además de esas tres reformas, el Congreso tiene en el menú el plan de desarrollo, una ley que no solo define las prioridades del Estado durante cuatro años, sino que incluye medidas para todo tipo de temas y sectores y de la que apenas se conoció la ponencia para el primer debate este lunes. También una adición presupuestal para definir el destino de 24 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares), un 6% adicional al presupuesto ya aprobado para 2023, que sigue sin ponencia; la ley de sometimiento a la justicia, el marco para negociar con los grupos que se acojan a la paz total y no clasifiquen como organizaciones con carácter político; la descriminalización del uso adulto de cannabis; o la creación de una jurisdicción agraria. Y encima seguían los debates de varios proyectos que avanzaron el semestre anterior, encabezados por la reforma política.

La cantidad de normas es tal que, de las principales, el representante Racero calcula que sobrevivirán solo algunas. “Creo que este semestre salen unas seis leyes grandes: salud, pensiones, laboral, sometimiento y los dos proyectos de cannabis”, explicó a EL PAÍS. Eso significa que la reforma política, un ajuste a la Constitución que ha avanzado desde el 2022 en medio de fuertes críticas de beneficiar a los mismos congresistas que la tramitan, se podría hundir, como de hecho han pedido incluso aliados del Gobierno. “Para mí el gran interrogante es si este Congreso avanza en la reforma política; yo lo dudo”, dijo Racero.

La atención se concentrará ahora en las comisiones séptimas, las unidades del Senado y la Cámara encargadas de los asuntos de seguridad social. Usualmente distantes de los reflectores políticos que se concentran en las comisiones primeras (que tratan asuntos constitucionales) y las terceras y cuartas (las económicas), en año de elecciones regionales los congresistas que están en ellas tienen la ocasión de mostrarse en medios y valorizarse ante los grupos interesados.

Tras el complicado inicio de las reformas, su futuro parece más tranquilo. Conciliadas por fuera del Capitolio, el Gobierno puede contar con las bancadas aliadas para hacer mayorías. Los congresistas del petrista Pacto Histórico más sus aliados conservadores, liberales, verdes y de La U, más otras bancadas pequeñas, tienen 16 de los 21 representantes de la comisión en la Cámara y 10 de los 14 senadores. Son mayorías con márgenes que en el papel se antojan amplios. Pero sin el apoyo de liberales, conservadores y La U, solo tendrían 9 en la Cámara y 6 en el Senado. Si la capacidad de alcanzar acuerdos sigue más por fuera del Capitolio que dentro de él, y con las campañas locales ya iniciando, un camino que parece despejado puede resultar también atropellado.

Fuente: Diario EL PAÍS, escrito por JUAN ESTEBAN LEWIN