Desde hace pocas semanas miles de estudiantes de derecho se actualizan gratuitamente en la red, gracias a un proyecto que nació como disidencia de una IES tradicional colombiana.
Se llama “Universidad Para la Gente”, y fue creada por el abogado Anderson Edilson Rojas Bernal, quien en compañía de colegas de profesión ofrecen charlas de formación y actualización en temas claves del derecho, de forma gratuita en Facebook.
El proyecto se ha denominado “Universidad para la Gente”, no responde al esquema tradicional educativo, pues no evalúa, califica ni otorga certificación o titulación alguna. Es una iniciativa independiente, sin ánimo de lucro, ni registro oficial.
No obstante ha tenido una interesante acogida de parte de estudiantes de derecho de cualquier IES, pero especialmente los de la Corporación Universitaria Republicana, que es la institución en la que Rojas trabajó como docente y coordinador de un área de la carrera y de la que renunció tras sentirse maltratado por la forma como su salario fue mínimamente elevado en una década de servicios.
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 Anderson Rojas Bernal |
Rojas Bernal, fundador de Universidad para la Gente, es abogado de la U. Libre, especialista en Derecho Comercial del Externado de Colombia, Magister en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado. Profesor de posgrado en Derecho Comercial, Revisoría Fiscal, Responsabilidad Civil, Derecho Notarial Notarial.
Dice que la educación es un derecho y no una mercancía, y cuestiona la forma como la Universidad tradicional han convertido la educación en un negocio, abusando del derecho de la autonomía. |
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Auncuando se desconoce el alcance del proyecto, UPG es otra de las expresiones “para-institucionales” de la educación superior tradicional colombiana que está cuestionando muchos de los paradigmas de ésta.
Para Rojas, las universidades han abusado del supuesto derecho de transmitir el saber, desconociendo que eso lo puede hacer cualquier persona con la experiencia y los contenidos para transmitirlos, pues -dice- el conocimiento está al alcance de todos y no lo da el título.
El soporte virtual, como Facebook, es una demostración, señala Rojas, de que la tecnología no está sirviendo a algunas IES, pues está destruyendo su “negocio”.
El debate de Rojas con URepublicana
En noviembre pasado, El Observatorio de la Universidad Colombiana denunció el caso de Rojas, pues mientras que en entre 2.014 y 2.021 el salario mínimo había aumentado en un 54 %, a Rojas, quien era docente de la Corporación Universitaria Republicana le subieron el mismo solo en 2,6%.
Eso llevó a la renuncia de Rojas, quien cuestionó que la IES no estaba acogiendo la interpretación de la Corte Constitucional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, en el sentido de que, independientemente de sus condiciones, constitucionalmente todo trabajador tiene derecho al menos a un incremento salarial anual.
“El derecho a un salario móvil es de naturaleza constitucional, de orden público y de naturaleza irrenunciable, todo empleado ya sea del sector público o privado, empleado público o trabajador oficial, tiene derecho al menos a un incremento salarial anual”.
Ni siquiera el argumento de la autonomía universitaria es válido para justificar que los salarios se congelen.
En su defensa, la Republicana, a través de su Vicerrector, Gerardino Vivas Hernández señaló a Rojas que éste voluntariamente había aceptado los contratos, en ejercicio de la autonomía.
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Posteriormente, el mismo Vivas Hernández advirtió que la denuncia de Rojas había sido motivada por resentimiento, y detalló algunas circunstancias en las que la evolución del caso terminó en diferencias personales y de tratamientos que van más allá de los laboral y lo académico.
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La tensión entre Rojas y su exempleador ha llegado, inclusive, a que el rector de la Corporación Universitaria Republicana, Gustavo Adolfo Tellez Fandiño, le pidiera a Rojas justificar si la UPG cuenta con los debidos permisos del Ministerio de Educación, con el fin de “reportar ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional la prestación del servicio público de educación superior por entidades que no cumplen con los requisitos de ley”.
Téllez considera una indebida competencia la oferta de UPG, y señala que si bien “las Facultades de Derecho, aun cuando presentan falencias y necesitan mejorar todos los días, hacen inversiones cuantiosas en talento humano, infraestructura, tecnología, etc. para que su trabajo sea desconocido por entidades no vigiladas por el Ministerio de Educación Nacional y que no se sujetan arbitrariamente a las normatividad de la Ley 30 y 115 y demás normas complementarias”.
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana